“Es heroico e histórico que mantengamos la operatividad de la Asamblea Nacional”, dice Edinson Ferrer Arteaga, el secretario de la Cámara, y su definición no habla sólo de valentía, sino de perseverancia. Es que los diputados venezolanos enfrentan un plan aceitado para despojarlos de sus investiduras. El objetivo es disolver este Parlamento y para lograrlo, el chavismo ensayó varias vías hasta que dio con el camino más largo pero, hasta ahora, el más efectivo: vaciarlo por goteo, publica Infobae.
Cuando la opositora Mesa de Unidad Democrática obtuvo un arrollador triunfo en las legislativas de diciembre de 2015, Nicolás Maduro aceptó la derrota pero esa misma noche empezó a buscar la manera de disolver el Parlamento. En Venezuela todos los poderes del Estado están cooptados por el chavismo y el punto negro en esa isla roja -el Parlamento- se transformó en un verdadero obstáculo para el régimen. Lo primero que hizo fue utilizar al Consejo Nacional Electoral para inhabilitar algunos diputados, con la intención de que nunca llegaran a asumir. Después, en 2017, recurrió al Tribunal Supremo de Justicia, brazo judicial del chavismo, para declarar el “desacato”. La Corte pretendía asumir las competencias legislativas. Iba a cerrar el Parlamento y legislar a través de fallos, pero los venezolanos no lo permitieron. Salieron a la calle y resistieron la violenta represión. Tal fue el escándalo internacional que el régimen tuvo que dar marcha atrás. Sin embargo, la estrategia de Maduro ya estaba clara, iba a desplazar a la oposición como fuera posible. Si no era a través de la Justicia, entonces había que buscar otra manera.
Y encontró el camino… Convocó a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y anunció su propósito de “refundar todo el Estado”. Bajo una premisa electoral falsa, llamó a los venezolanos a las urnas. Los 500 constituyentes de Maduro no fueron elegidos de forma directa, sino que un porcentaje fue electo por municipios y otros propuestos por sectores sociales: productivos, empresariales, educación. Sin elección directa, se garantizó el triunfo. Además, según explicaron los especialistas, su convocatoria incluso violaba la propia Constitución bolivariana ya que la Carta Magna exige una consulta popular para aprobar o no el inicio de un proceso constituyente. El 4 de agosto de 2017 finalmente se instaló la ANC. Con Diosdado Cabello como principal figura, decidió “asumir las competencias para legislar”.
Pese a todas estas maniobras, la Asamblea Nacional continuó su trabajo. Se mantuvo paciente pero activa y este año, cuando Maduro asumió su segundo mandato, denunció el fraude. Su voz retumbó en la comunidad internacional, declaró la “usurpación” del cargo presidencial y Juan Guaidó, el jefe del cuerpo, juró como mandatario interino cobijado por miles de venezolanos y más de 50 países. Para todos esos Estados, la Asamblea Nacional es el único órgano democráticamente electo en Venezuela y, por lo tanto, Guaidó el único interlocutor válido.
En este contexto de aislamiento internacional, el chavismo puso en marcha su plan para vaciar el Parlamento. ¿Cómo? usando todo la maquinaria estatal para quitarle los fueros a los diputados, perseguirlos, encarcelarlos o empujarlos al exilio. La ecuación chavista fue sencilla:
sin diputados no hay Parlamento.
Así, comenzó un raid en la Justicia que, en combinación con la Constituyente, inauguró una lista negra de diputados. Van por titulares y por sus suplentes, y no parecen tener intención de detenerse hasta dejar sin quórum a la Asamblea Nacional.
Los números
El plenario del Parlamento, que es unicameral, está compuesto por 167 diputados y el quórum requerido para sesionar es de 84. “Por las circunstancias, todos los suplentes están activos y se les comunica cada lunes quién debe ingresar por su principal en la sesión de los martes”, explica Edinson Ferrer Arteaga, secretario de la Cámara.
De los 167 diputados, 112 son de la MUD -porque los pocos chavistas que ganaron en 2015 ya no asisten-. Y de esos 112, alrededor de 34 diputados están perseguidos (exiliados, asilados, protegidos en sedes diplomáticas o viven en la clandestinidad). De esos 34, 27 son diputados principales. Hasta ahora, 19 de esos 27 titulares mantienen activo el escaño con sus suplentes.
Pero hay 8 cuya situación ya parece insalvable, y van rumbo a dejar vacíos sus lugares: es que tanto titular como suplente están perseguidos. El último caso ocurrió esta semana y es la muestra explícita del plan para vaciar el Parlamento. El 28 de mayo la Corte chavista ordenó quitarle la inmunidad al diputado por Miranda, Rafael Guzmán. Desde ese día ya nada se sabe de él, probablemente esté a resguardo. El problema es que el suplente de su “curul”, como llaman en Venezuela a los escaños, es Gilber Caro, secuestrado en la madrugada del pasado 26 de abril y preso en el Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.
En la misma situación que el binomio Guzmán-Caro, están otros 4 escaños: el de Henry Ramos (investigado) y su suplente Ramón López (en el exilio); Gaby Arellano (exiliada) y su suplente, Renzo Prieto (investigado); Sergio Vergara y su suplente, Rosmit Mantilla (exiliados); y Freddy Guevara (refugiado en la embajada de Chile) y su suplente, Juan Andrés Mejía (investigado y en la clandestinidad).
“Están rebanando la Asamblea Nacional. Semanalmente le allanan la inmunidad a dos o tres diputados”, denuncia Omar González, diputado de Vente Venezuela por Anzoátegui.
Con la arremetida contra Guzmán esta semana, el chavismo amplió a 15 la nómina de legisladores desaforados luego del anuncio de la fase final de la Operación Libertad liderada por Juan Guaidó el 30 de abril pasado.
Ocho están resguardados en la clandestinidad: Henry Ramos Allup, Juan Andrés Mejía, Simón Calzadilla, Miguel Pizarro, Carlos Paparoni, Winston Flores, Sergio Vergara y Freddy Superlano. Otros cuatro se encuentran bajo protección de gobiernos extranjeros: Mariela Magallanes y Américo De Grazia, en la embajada de Italia; Richard Blanco, en la de Argentina; y Franco Casella, en la de México. El diputado Luis Florido está exiliado en Colombia y el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, fue secuestrado el 8 de mayo por agentes de inteligencia y apresado en el Fuerte Tiuna.
“El régimen tiene mucho tiempo buscando eliminar la AN, así que esta es claramente una nueva fórmula que encontraron para tratar de anularla, van por la vía de los ataques a diputados”, acusa el secretario del Parlamento.
Estrangulamiento, la otra vía
Como si el desafuero, el encarcelamiento o el exilio obligado fuera poco, los diputados venezolanos enfrentan otras dificultades. Y en este terreno entra a jugar la “perseverancia” que escondía el mensaje Ferrera Arteaga en el comienzo del artículo. Porque el régimen recurre a todos lo que tiene a mano para impedir que se sesione.
Lo normal es que el Palacio Legislativo esté en custodia y a disposición del la directiva de la Asamblea Nacional en ejercicio. Eso no ocurre en la Venezuela de Maduro. Los diputados solo ingresan al edificio los martes y las fuerzas chavistas impiden el paso a la prensa y a los equipos de los parlamentarios. Para ingresar, los diputados deben sortear un proceso que González califica de “humillante”, y una vez adentro, suelen cortar la energía para que no puedan sesionar.
Llegar hasta allí tampoco es sencillo, según denuncian los diputados los colectivos chavistas, esos grupos paramilitares armados por el régimen, tomaron el barrio de la Asamblea y montan barricadas para impedir el paso. Todos los martes circulan en las redes sociales videos en los que se muestra cómo asedian a los diputados que solo pretenden llegar a su lugar de trabajo.
“Cada sesión es casi una batalla campal, quieren que tiremos la toalla”, denuncia González. El diputado asegura que los colectivos también persiguen individualmente a cada uno de ellos: “Tenemos los teléfonos pinchados, nos ponen patrullas de la policía política en nuestras casas, nos marcan la puerta como hacían los nazis”. “Nos han hecho tanto daño que hasta el miedo hemos perdido”, dice resignado.
Y si la persecución del régimen no desalienta a los diputados, el chavismo confía en el método que implementó desde el día 1: el desfinanciamiento. Hace cuatro años que no hay presupuesto para el Parlamento. Los diputados no cobran, sus asesores tampoco, por lo que hace cuatro años que la Asamblea Nacional tiene que autogestionarse y ese agobio lo sienten especialmente los diputados de los estados más alejados de Caracas.
“Yo soy diputado por Anzoátegui. Me toma 5 horas en coche llegar hasta el Parlamento y tengo que ir por ‘la Troncal 9’, una de las rutas más peligrosas del país. La vía conecta Barcelona con Caracas y muchas veces la propia Guardia Nacional nos hace desviar porque hay bandas armadas en la zona”, cuenta González. Así como él, decenas de diputados se embarcan en una aventura con final incierto cada martes para llegar a sesionar.
Aún en este foso cavado por el chavismo, los diputados mantienen su actividad. En la última sesión, el martes 28 de mayo, reunieron 91 diputados, 7 más de los exigidos para el quórum. Pero saben que el margen se achica, por lo que ya empezaron a discutir alternativas en Comisiones. De hecho, la de Política Interior trabaja en un proyecto de ley que permita la participación a distancia de los legisladores, un “quórum mixto, presencial y virtual”. La iniciativa, claro, requiere la reforma del reglamento de funcionamiento interno. “El plan es un plan macabro, intentan desaparecer la Asamblea, pero no lo van a lograr porque sesiona haremos desde la calle, las embajadas, como sea”, denuncia el diputado por Monagas Juan Pablo García.
Se acerca el lunes, la Corte chavista y la Constituyente desenfundan sus bolígrafos y los diputados suplentes saben que tienen que tener sus móviles cerca, en cualquier momento puede sonar el teléfono…