En tan solo 13 años la Contraloría General de Venezuela ha inhabilitado a 1.401 funcionarios para ejercer cargos públicos, recordó este miércoles la ONG Acceso a la Justicia.
A través de la cuenta en Twitter, la ONG publicó una infografía donde detalló la cifra de sancionados dejando una pregunta en el aire. “¿Logro de gestión o herramienta de persecución?”.
La gráfica la publicaron en el marco de la aprobación de la Asamblea Constituyente (ANC) a la continuación del enjuiciamiento del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen de Nicolás Maduro solicitará retirarle la inmunidad parlamentaria.
Entre la petición de “paredón” y aplausos, los afectos al régimen aprobaron un “decreto constituyente” la “continuación del juicio” a Guaidó, refiriéndose al artículo de la Constitución relativo a la inmunidad parlamentaria.
El primer punto del decreto establece “autorizar la continuación del enjuiciamiento del ciudadano, diputado a la Asamblea Nacional, Juan Gerardo Guaidó Márquez (…) de conformidad con lo establecido en el artículo 200 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
El artículo 200 de la Constitución venezolana reza que los diputados tendrán inmunidad y que de sus presuntos delitos conocerá “en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento”.
“Esto es parte de la historia nuestra”, indicó el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, al celebrar la adopción de la medida.
