Población vulnerable. El estado de indefensión en que se encuentran la infancia y adolescencia migrante, forzados por la emergencia humanitaria compleja de Venezuela, es motivo de alarmapara las organizaciones latinoamericanas dedicadas a su protección, por lo que han insistido en la necesidad de coordinar protocolos para garantizar a esta población el goce de sus derechos.

Durante el 171º período de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), el pasado mes de febrero, representantes de instituciones de Colombia, Ecuador, Perú, así como de la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Redlamyc) expusieron las dificultades que atraviesa esta población, especialmente en las zonas fronterizas, que en muchos casos impiden la regularización de su estatus migratorio.

De acuerdo con Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), se estima que de los 2,6 millones de venezolanos que han salido del país en los últimos años (70% entre 2015 y 2018), alrededor de 430 mil son niños, niñas o adolescentes, “muchos de ellos con necesidades de protección y alta vulnerabilidad”.

Sin documentos

El Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia (Ramv) reveló que muchos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) venezolanos que ingresan de manera irregular a ese país no tienendocumentos de identidad, lo cual no solo les impide acceder a los servicios sociales sino que algunos funcionarios optan por regresarlos a Venezuela “sin ningún procedimiento establecido para la repatriación”.

Carlos Alfonso Negret, defensor del Pueblo de Colombia, también manifestó preocupación por la prevalencia de embarazo en niñas y adolescentes, y lo expuestas que están, al estar separadas de sus familias, a la violencia de género. Además, lamentó el grado de desnutrición que presentan los infantes en edad temprana.

Indicó que han atendido entre 2015 y septiembre de 2018 a 157 adolescentes involucrados en hechos punibles.

Discriminación y xenofobia

Gina Benavides, defensora del Pueblo de Ecuador, rechazó que “la implementación de una normativa discriminatoria” por parte de su Gobierno profundiza las situaciones de riesgo de NNA venezolanos migrantes.

Recordó que tras el feminicidio ocurrido en la ciudad de Ibarra en enero de 2019 y las declaraciones del presidente Lenin Moreno que para muchos incitó la xenofobia, muchos NNA también fueron víctimas de persecución, agresiones físicas y verbales en espacios públicos.

“Al día siguiente de los incidentes, de los 473 estudiantes venezolanos inscritos, no asistieron a clases 359 y para el martes 22 de enero, el ausentismo de este grupo se redujo a aproximadamente 180 estudiantes”, señaló.

Benavides señaló que pese a que en Ecuador existen procedimientos para la atención de los NNA su aplicación es limitada y muchos funcionarios de los puestos de control migratorio “no asumen como un procedimiento vinculante o simplemente lo desconocen”.

Acceso a la salud y la educación

La defensora adjunta para la niñez y la adolescencia del Perú, Matilde del Carmen Cobeña, indicó que durante 2018 la Oficina Defensorial en Tumbesatendió cerca de 350 casos de NNA que estaban separados de sus padres o no acompañados de ningún adulto; indocumentados acompañados de sus familiares; adolescentes embarazadas y madres de familia; adolescentes en situación de convivencia; y personas menores de edad con pasaporte, pero sin ningún control migratorio.

Consideró necesario que el Gobierno de su país disponga de medidas de protección y como ejemplo describió el caso de adolescentes embarazadas que llegaron a Perú sin sus padres y encontraron trabas para ser atendidas en los centros de salud porque para ello se requiere la autorización de un tutor.

La falta de documentos oficiales también representa un obstáculo para que los niños ingresen a la educación formal. La defensora advirtió que, además, es necesario aumentar las vacantes en las escuelas especialmente en las regiones donde existe mayor número de escolares venezolanos, como el caso de Lima.

Ausencia de lineamientos regionales

Carlos Mamani, miembro de la Red Latinoamericana y Caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, expuso que es necesario que la Cidh, de manera urgente, pueda hacer las recomendaciones respectivas a los estados para garantizar los derechos de esta población a través de una visita a terreno en esos países.

Insistió en que hay una ausencia de lineamientos regionales que brinden orientaciones técnicas para “activar rutas de atención y estrategias” a los NNA migrantes, “así como la débil o inexistente coordinación y acción efectiva entre los países, ante la crisis migratoria”.

El vocero de la Red también llamó a crear “protocolos transfronterizos” de protección integralque estandaricen “respuestas conjuntas articuladas” a las problemáticas descritas.

Fuente: Efecto Cocuyo.

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