La responsable del Comité de Presos Políticos de Voluntad Popular y diputada ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Adriana Pichardo; acompañada por su homóloga parlamentaria y dirigente de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano; y la abogada miembro de la Coalición para los Derechos Humanos y la Democracia, Ana Leonor Acosta, ofreció un balance sobre las violaciones a los derechos humanos de los venezolanos durante las protestas antigubernamentales registradas en todo el país desde el pasado 21 de enero.

Pichardo precisó que hasta el momento se han registrado 43 asesinatos y 956 detenciones en todo el país, en su mayoría a menores de edad y sin ningún tipo de antecedente penal. Responsabilizó directamente a los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) y grupos paramilitares armados por la dictadura.

“En Venezuela lamentablemente se repite una vez más el escenario de represión y violencia contra los venezolanos que han salido a protestar desde el pasado 21 de enero en todo el país. Los ciudadanos protestaron contra la miseria y el hambre que vivimos como pueblo, y el régimen lo que hizo fue atacar violentamente a través de las armas”.

Según denunció la parlamentaria, en Venezuela ya se registran más de 1.000 detenciones por razones políticas y aseguró que la censura impuesta en el país hace imposible obtener la totalidad de los datos de las víctimas. Además, destacó que los funcionarios de la Guardia Nacional no se han prestado para este tipo de agresiones contra los ciudadanos que ejercen su legítimo derecho a la protesta.

“En nuestro país hay 402 presos políticos y si sumamos las detenciones arbitrarias ejecutadas durante los últimos días, tenemos una cifra de más de mil personas víctimas de un régimen que utiliza el sistema de justicia para callar a un pueblo. Sabemos que nuestra Fuerza Armada Nacional se ha mantenido al margen y desde Voluntad Popular acompañamos el planteamiento de nuestro presidente Juan Guaidó para impulsar la Ley de Amnistía y Garantías por el respeto a los Derechos Humanos”.

La también diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela hizo un llamado a la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, para que acelere su visita a Venezuela y sea testigo de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura madurista.

A su lado, Delsa Solórzano insistió en que en Venezuela los menores de edad no son inimputables. “La respuesta absolutamente desproporcionada del régimen es la represión, detenciones arbitrarias y muerte. Hay niños detenidos de 12, 13 y 14 años de edad. Yo sé que para el régimen es difícil aplicar la legalidad, pero son inimputables, como lo dicta la legalidad venezolana. Los jueces hablan que son 45 días nada más para tratar de disimular la privación de libertad”.

Precisó que los ciudadanos detenidos corresponden a los estratos más humildes de la población y afirmó que las protestas sociales registradas durante los últimos días tienen un solo fin: lograr el cese de la usurpación, construir un gobierno de transición y conquistar elecciones libres y justas. “En cada uno de nuestros espacios, desde Voluntad Popular, Encuentro Ciudadano y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, vamos a seguir llevando a cabo investigaciones para brindar asistencia jurídica a cada uno de los venezolanos que lo necesite”.

Solórzano exhortó a los funcionarios de las FAES a alzar su voz y dejar de ser cómplices de las violaciones a los derechos humanos al cumplir órdenes inconstitucionales. Asimismo, llamó al resto de funcionarios, civiles y militares, a acompañar al pueblo venezolano en su lucha por la restitución de la democracia y la libertad. “#BastaYa de represión. Nosotros seguiremos manifestando en las calles del país, por eso el miércoles estaremos en la calle y el sábado nos reencontraremos en una gran manifestación nacional en todo el país”.

La abogada Ana Leonor Acosta alertó al resto de organizaciones garantes del respeto a los derechos humanos y gobiernos democráticos del mundo sobre la situación de crímenes de lesa humanidad perpetrados por Nicolás Maduro en Venezuela y les exhortó a trabajar de cara a lograr una solución inmediata.

“Hoy denunciamos que Venezuela vive una situación alarmante con respecto a los derechos humanos. Hay más de mil detenciones arbitrarias y personas han sido torturadas por cuerpos de seguridad bajo las órdenes de Nicolás Maduro. Según los reportes que hemos recibido, hay alrededor de 120 mujeres detenidas y más de 80 menores de edad. En Cojedes han detenido a niños con cáncer y Síndrome de Down”.
Asimismo, Acosta aseveró que 10 tenientes fueron privados de libertad y están siendo torturados. Sostuvo que en el país se han violado todos los tratados y convenios internacionales de DDHH, dignidad humana y tortura.

“Es un horror lo que se vive en Venezuela en materia de derechos humanos. Siguen deteniendo personas y haciendo juicios que no se deben a la Constitución sino a intereses propios. Las FAES entran a los barrios y la gente tiene que huir para no ser ejecutados. Llamamos al encuentro para que haya paz en Venezuela y cese la violación a los derechos humanos. Esta situación debe parar”

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