El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), condenó la actuación arbitraria del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) durante la detención de las periodistas venezolanas Osmary Hernández y Beatriz Adrián tras cubrir la aprehensión del presidente de la Asamblea Nacional y también mandatario encargado de Venezuela, Juan Guaidó el pasado domingo #13Ene.
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Asimismo, exigió al Ministerio Público una investigación acerca de las violaciones de derechos humanos que recibieron las reporteras durante la situación.
-COMUNICADO-
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) condena la detención arbitraria de la que fueron víctimas las periodistas Osmary Hernández y Beatriz Adrián, corresponsales en Caracas de CNN y Caracol, respectivamente. Exige al Ministerio Público iniciar una investigación de oficio por los delitos y violaciones de derechos cometidos contra ambas comunicadoras por parte de funcionarios del Sebin.
Hernández y Adrián se encontraban en los alrededores de la policía política, en Plaza Venezuela. Llegaron al lugar luego de conocerse la información de que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, había sido apresado en la autopista Caracas-La Guaira y trasladado a esa sede del organismo de seguridad.
Lo más grave es que, además de recibir golpes y otro tipo de agresiones, ambas periodistas fueron despojadas de sus teléfonos celulares y, en ausencia de ellas, éstos fueron registrados y vaciados. Igualmente, el vehículo particular en el que se desplazaban estuvo en manos de funcionarios del Sebin sin que ellas puedan garantizar los procedimientos que se le practicaron en los 30 minutos de detención.
Ambos hechos nos hacen urgir a los fiscales para que procedan a una investigación y alertar que los mencionados bienes estuvieron fuera de la custodia de sus propietarias ni de un representante legal.
El Sntp hace un llamado, ahora de manera puntual, a la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General de la República, para que asista en defensa de las dos periodistas que fueron también requisadas y fotografiadas, mientras las mantenían debajo de una escalera en el Sebin.
Se trata de una grave vulneración de los derechos al trabajo y los derechos humanos. Un hecho que debe ser condenado por todo el país, pues en nada contribuye a la búsqueda de la paz y el disfrute de la libertad plena.
La criminalización del ejercicio del periodismo deja en evidencia el autoritarismo de quienes actúan para silenciarlo. Es propicia la oportunidad para reiterar que los periodistas venezolanos, conscientes de la responsabilidad asumida, seguirán trabajando en función de informar y de promover el debate plural de ideas, garantizando que sean oídas la mayor cantidad de voces posibles.