Los diputados enviarán a La Haya los informes de la OEA y del Alto Comisionado de la ONU, que determinaron la existencia de crímenes de lesa humanidad en el país.

La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo con motivo de cumplirse los 20 años de la firma del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y solicitó una vez más a la fiscal del organismo que visite Venezuela para que verifique las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

La diputada Delsa Solórzano (UNT-Miranda) recordó que el año pasado la CPI abrió un examen preliminar por el uso excesivo de la fuerza del Estado que causó más de 120 asesinados durante 4 meses de protesta y centenares de presos políticos.

Para ampliar ese expediente, los parlamentarios acordaron enviar a La Haya los informes del panel de expertos de la OEA y del Alto Comisionado de la ONU, que determinaron la existencia de crímenes de lesa humanidad en el país.

Solicitaron, además, a los Estados latinoamericanos que acudan al organismo internacional en respaldo al documento de la OEA, con el fin de que se juzgue al presidente Nicolás Maduro.

“Toda Venezuela es víctima de una violación sistemática a los derechos humanos. Aquí no hay posibilidad de hacer justicia real en el país porque el sistema de administración de justicia está secuestrado”, aseguró Solórzano.

Maria Gabriela Hernández (PJ- Monagas) expuso que el gobierno de Maduro ha cometido varios delitos contenidos en el Estatuto de Roma: genocidio, asesinatos, desaparición forzosa, represión y exterminio.

El Parlamento también aprobó un acuerdo en respuesta a la posición de la Comunidad del Caribe sobre el territorio del Esequibo. “Exhortamos a los gobiernos del Caricom para que sirvan de buenos oficiantes ante la República Cooperativa de Guyana, retire su demanda ante la Corte Internacional de Justicia y continúe por las vías no contenciosas”, establece el documento.

El parlamentario Williams Dávila ratificó la soberanía que tiene Venezuela sobre la fachada del Atlántico y la isla de Anacoco.

En el tercer punto del orden del día, los parlamentarios debatieron sobre la crisis eléctrica en el Zulia. La diputada Nora Bracho aseguró que el gobierno no tiene intención de mejorar y ofrece “turbinas canibalizadas” para tratar de enmendar los errores.

Wiston Cabas, presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería, advirtió que mientras permanezca el mismo modelo político, la crisis eléctrica se expandirá por todo el país.

La Comisión de Administración y Servicios acordó sesionar en el Zulia el próximo miércoles, con el objetivo de tomar acciones concretas que presionen al gobierno y lo hagan cumplir con su deber.

A la Asamblea Nacional se incorporó el diputado indígena Romel Guzamana. Barboza aseguró que Nirma Guarulla y Julio Ygarza aún no han solicitado regresar a la Cámara. También dijo que esta semana la Consultoría Jurídica dará detalles sobre la evaluación de la sentencia del TSJ en el exilio que declaró vacío de poder.

 “Toda Venezuela es víctima de una violación sistemática a los derechos humanos. Aquí no hay posibilidad de hacer justicia real en el país porque el sistema de administración de justicia está secuestrado”

Delsa Solórzano,

diputada a la Asamblea Nacional

 


“El revocatorio no nos intimida”

La junta directiva de la Asamblea Nacional aseguró que no teme por la amenaza de un revocatorio, que ha hecho reiteradamente el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. Omar Barboza, presidente de la Cámara, expuso que en Venezuela están dadas las condiciones para revocar el mandato de Nicolás Maduro. Sin embargo, prefirió reservarse las acciones que ejercerán en caso de que se materialice la amenaza. “No nos intimida Diosdado con la posibilidad de un revocatorio, mucho menos nos intimida con el uso de las fuerzas policiales o de la policía política para silenciarnos”, aclaró el segundo vicepresidente de la AN, Alfonso Marquina. Retó al gobierno a superar la alta votación que recibió la oposición en 2015, cuando ganó la mayoría de las curules. “No estamos aquí por la defensa de un cargo; nosotros estamos aquí en defensa del pueblo”, precisó Marquina.

VÍA EL NACIONAL.

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