Como “lamentable” calificó al poder judicial en Venezuela el Director de Actuación Procesal del Ministerio Público en el exilio Zair Mundaray en una entrevista concedida a lapatilla.com, donde además resaltó que la justicia está sometida a los designios del ejecutivo. Agregó que el órgano que dirige la investigación penal que se encuentra actualmente en manos de un Fiscal nombrado por una Asamblea Nacional Constituyente írrita, están siendo objeto de desmantelamiento.
“Veo con estupor y mucho dolor como el actual MP desmanteló los laboratorios de investigación, las unidades de criminalística, la escuela nacional de fiscales, que fue referente latinoamericano. Estamos en un franco retroceso porque ese constructo en el que participan muchas personas, ese abordaje del conocimiento se perdió en Venezuela y llegará el momento en que tengamos que reconstruir todo”, dijo.
El abogado manifestó que “En Venezuela hay un aparato de terror que sistemáticamente violenta DD. HH, lesiona a personas, asesina a personas y que ha optado al uso desmedido de la fuerza contra quienes ejerzan derechos fundamentales como la protesta”, enfatizó.
Mundaray explicó que en nuestro país la actuación policial “es propia de un estado represivo”, en el cual los organismos de seguridad han tomado la función de perseguir, forjar pruebas, limitar la libertad de expresión, y la libertad de huelga, además de existir ejecuciones extrajudiciales, torturas a la cuales asegura tener pruebas y haberlas introducido a la Corte Penal Internacional.
“Tenemos organismos policiales que trabajan de su cuenta como el Sebin, como el FAES (PNB), que no tienen ningún tipo de control y que atropellan los derechos de las personas”, afirmó.
El especialista en derecho penal alertó que el poder judicial podría retroceder si retorna al sistema penal inquisitivo. Explicó que los estados autoritarios tienen procesos penales que generalmente limitan el ejercicio de los derechos de los justiciables y de las víctimas.
Agregó que el Ministro de Interior, Justicia y Paz Nestor Reverol presentó un proyecto que implica “la policiación nuevamente de la sociedad”, es decir, darle nuevamente el poder a la policía en la instrucción de los expedientes, y al juez que ordene actuaciones y sea parte del proceso dictando decisiones.
“Ese modelo de oscurantismo jurídico limita bastante el ejercicio de las personas, es el que se pretende imponer nuevamente en Venezuela lo cual es inconstitucional. Volver al pasado tiene unas implicaciones peligrosas, sobre todo en el ejercicio de un estado autoritario que tenemos donde a tus espaldas te podrían instruir causas, expedientes, forjar pruebas, montar falsas acusaciones y se te limitarían las capacidades para tu defensa”, indicó.
El también Fiscal se refirió a las excarcelaciones manifestando que con ella ocurre una “atrocidad jurídica” debido a que coartar la libertad de expresión a algún procesado beneficiado, se estaría en presencia de que una medida cautelar sería más lesiva que la pena tipificada.
Mundaray quien ha laborado durante 19 años en el ejercicio de la investigación penal, enfatizó que en Venezuela el estado está violentado el derecho a la salud, a los medicamentos, a los alimentos, y que no hace “absolutamente nada” por tratar de paliar la situación.
“Nos encontramos ante una nueva forma de agresión de exterminio de los ciudadanos donde se procura que expulsar a la mayor cantidad de venezolanos de su tierra, que se vayan, y tratar de quedarse con una población absolutamente dependiente de quienes ejercen el poder de una forma despótica”, señaló.
VÍA LA PATILLA.