La situación de Venezuela continúa agravándose año tras año. Si se cumplen las proyecciones de los organismos multilaterales para 2018, el país habrá perdido cerca del 50 por ciento de su producto interno bruto en cinco años. Esta caída se encuentra entre las catástrofes económicas más grandes de los últimos sesenta años, por encima de Zimbabue entre 2002 y 2008, y comparable solo con la de países que fueron soviéticos luego de la transición del comunismo. O a la de conflictos bélicos como los de Irak, Liberia, Libia y Sudán del Sur en las últimas tres décadas.

A medida que se deterioran las condiciones del país, también cambian las estrategias y los apoyos requeridos para lograr su recuperación. Veinte años de chavismo han dejado a Venezuela en una condición de invalidez tal que rescatarla va a requerir ayuda internacional en la acepción más clásica del término. América Latina y la comunidad internacional deben entenderlo así y asumir el rescate de la nación latinoamericana como una urgencia.

Desde 2013 hemos venido trabajando en los lineamientos de un plan de rescate para “el día después” del fin del régimen chavista. En septiembre de 2014, propusimos una reestructuración de la deuda con el fin de evitar el colapso inminente y compartir las cargas del ajuste de manera más equitativa entre los venezolanos y los acreedores de deuda pública externa. A finales de 2015, alertamos sobre la catástrofe humanitaria que se aproximaba. A principios del año 2016, propusimos acompañar la reestructuración con un programa de asistencia extraordinaria con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Trabajando con un grupo de economistas venezolanos, calculamos que en aquel entonces se requerían 54.000 millones de dólares en cinco años; una cantidad similar —diez veces la cuota del país— a la ayuda que el FMI le dio a Grecia en 2010 y a Argentina hace algunos meses. Los resultados los recogimos en una propuesta para rescatar el bienestar de los venezolanos que hicimos pública en 2017.

VÍA LA PATILLA.

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