Representantes de ONG advierten que la ruptura de la institucionalidad ha sido una de las más graves regresiones. Afirman que esto ha dejado el camino libre para la injusticia y la impunidad ante ataques y violaciones.

Las constantes denuncias de violación de los derechos humanos en Venezuela han encendido las alarmas de la comunidad internacional. Gobiernos y organismos han mostrado reiteradamente su preocupación por el retroceso que se vive en esa materia y decidieron dar otro paso y exigir acciones penales contra los funcionarios responsables.

El más reciente fue el viernes pasado, cuando el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, exhortó ala Corte Penal Internacional a implicarse e investigar “los graves abusos cometidos, dada la impunidad generalizada y la inacción del Estado”.

En su segundo informe sobre la situación en Venezuela, revela la falta de garantías elementales y la crisis institucional y alimentaria que padecen los venezolanos. Incluso, acusa al gobierno de Nicolás Maduro de ignorar la dimensión de la grave situación.

Representantes de ONG advierten que si bien 2018 aún no ha concluido, los primeros seis meses del año han sido los peores para el ejercicio y respeto de los derechos humanos en el país.

Coincidieron en que ha habido un retroceso notorio en materia de derechos humanos inducido por el Estado debido a la falta de independencia de los poderes, a la impunidad, la corrupción y la inacción ante los abusos que viven los ciudadanos diariamente, que van desde las carencias de los servicios básicos hasta ejecuciones extrajudiciales.

Beatriz Borges, directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz, indicó que las violaciones de los derechos elementales de los venezolanos “se han incrementado vertiginosamente” y, junto con la inacción y la impunidad del Estado, evidencian una regresión en esa materia.

“Los abusos contra los derechos humanos han tenido una faceta más cruel en los últimos seis meses, aprovechando la ausencia de democracia y la falta de institucionalidad. Esto demuestra que la situación no va a mejorar, como se evidencia con el incremento de la persecución y las violaciones de los derechos a la salud y a la participación ciudadana”, añadió.

“Desde hace algunos años hemos denunciado la violación de la libertad de expresión, la represión y la persecución. Sin embargo, en lo que va de 2018 ha habido un incremento de las detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzosas, a lo que se suma la alarmante violación del derecho a la salud y a la alimentación. Es el peor momento de los derechos humanos”, refirió Ana Leonor Acosta, abogado de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.

Manuel Virgüez, director del Movimiento Vinotinto, coincidió con Acosta en que durante el gobierno de Maduro se aceleró el deterioro de los derechos humanos, que ya venían en decadencia en Venezuela con los gobiernos anteriores, a los que organismos internacionales también habían hecho observaciones, pero, al igual que ahora, tampoco fueron adoptadas.

“Desde 2002 ha habido un deterioro de los derechos humanos en el país, principalmente, el derecho de protestar, que es uno de los más vulnerados en todo este período. En el gobierno de Maduro ha habido más de 9.000 personas detenidas en manifestaciones”, indicó Virgüez.

Camino turbio. Los activistas indicaron que la ruptura de la institucionalidad en el país ha sido una de las más graves regresiones. Afirmaron que esto ha dejado el camino libre para la injusticia y la impunidad ante los abusos, ataques y violaciones de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los ciudadanos.

“El gobierno no ha establecido ningún tipo de política pública para garantizar los derechos humanos en Venezuela; al contrario, ha destinado todas las instituciones que tiene a su servicio para violarlo”, señaló Acosta.

Impunidad sistemática

La falta de independencia de los poderes y las arbitrariedades del sistema de justicia, así como la actuación represiva de los cuerpos de seguridad contra la protesta pacífica han sido las evidencias más notables del quebrantamiento de los derechos cívicos de los venezolanos, afirman representantes de Cofavic y del Centro de Justicia y Paz.

Liliana Ortega, directora de Cofavic, manifestó que existe un preocupante patrón de actuación entre los organismos de seguridad y las autoridades de las instituciones, que en vez de velar por que se garanticen la justicia y los derechos humanos, han adoptado una conducta de omisión que deja un amplio camino para la impunidad y que los funcionarios cometan abiertamente torturas, detenciones arbitrarias, maltratos y hasta ejecuciones extrajudiciales.

“Existe un cúmulo de denuncias de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que no prosperan, ni se establecen responsabilidades. Acá las oportunidades de investigación independiente son casi nulas”, señaló.

Ortega afirma que de las múltiples denuncias registradas en 2017, hasta la fecha ningún responsable ha sido condenado.

Beatriz Borges, directora ejecutiva del Cepaz, indicó que el deterioro generalizado de los derechos civiles ha traído como consecuencia que los ciudadanos tengan miedo de expresar sus ideas y la desconfianza en la justicia.

Democracia en el olvido

El camino tortuoso para solicitar el referéndum revocatorio en 2016 y la negativa del Consejo Nacional Electoral a esa petición abrieron el expediente de violaciones de los derechos políticos de los venezolanos, aseguró Francisco Castro, director de Súmate.

Recordó que luego vinieron las inhabilitaciones de más de 40 partidos y de dirigentes políticos de oposición, que allanaron el camino para la realización de unas elecciones presidenciales condicionadas el 20 de mayo y, con eso, el cierre de la vía democrática en el país.

“Estas situaciones se han venido profundizando en el gobierno de Nicolás Maduro. En este tiempo se han verificado las mayores restricciones al derecho del ejercicio del voto en libertad”, dijo el experto electoral. Indicó que el derecho de elegir libremente es nulo, pues en los últimos procesos electorales ha sido notoria la coacción, la intimidación, la compra de votos y la violencia contra los electores.

Castro añadió que se ha coartado el derecho a la libertad de pensamiento, expresión y asociación, lo cual ha quedado en evidencia con la censura y las detenciones de los ciudadanos que han manifestado una opinión contraria al gobierno a través de medios de comunicación o redes sociales.

“El gobierno ha suprimido el derecho a la protesta y los ciudadanos no pueden agruparse políticamente, eso es una grave violación de los derechos políticos”, afirmó.

Controles de la pobreza

El año pasado Venezuela solo se ubicó por encima de Yemen, en el puesto 126 entre 127 países en la medición del Índice Internacional de Derechos de Propiedad, lo que la convierte en el país de América Latina en el que menos se respeta este aspecto esencial de la libertad económica y determinante en la generación de riqueza.

Andrea Rondón, directora del Comité de Derechos de Propiedad de Cedice, manifestó que los controles económicos y las leyes en esa materia que se han impuesto en las últimas dos décadas han socavado el derecho a la libertad económica, que en la práctica se evidencia con la regulación de precios y en las tomas ilegales de cadenas de empresas como Hipermercado Éxito, Clorox, Kimberly Clark y Kellogg’s, por el gobierno, a través del Ministerio del Trabajo y la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.

Aseguró que la propiedad privada es un derecho humano que el Estado ha violado sistemáticamente “de forma abierta y grosera” con las medidas económicas que cada vez más cercenan las posibilidades de un libre mercado.

“Tenemos una economía estatizada. Por ejemplo, aunque existan bancos privados, las regulaciones no les permiten decidir cómo establecer su actividad económica”, añadió.

Manifestó que desde 2003 se ha empleado la política de regulación con los controles cambiarios y de precios que han violado la libertad financiera.

Vidas ignoradas

Elizabeth Salazar, una mujer que viajó desde Anzoátegui a Caracas y mostró su seno con cáncer a las afueras del Ministerio de Salud para exigir el tratamiento, le puso rostro a los miles de pacientes que diariamente sufren las consecuencias de la escasez de medicinas e insumos médicos.

De acuerdo con Codevida y el Movimiento Vinotinto, el menoscabo de los derechos sociales en Venezuela es palpable diariamente, con el colapso de los servicios públicos, en las calles cuando las personas comen de la basura y en los hospitales con las miles de familias que ven morir a sus pacientes por falta de medicamentos o de atención oportuna.

“El Estado se ha convertido en un violador de los derechos a la salud y a la vida” manifestó Francisco Valencia, presidente de Codevida.

Manuel Virgüez, director de Movimiento Vinotinto, alegó que la crisis humanitaria ha sido la consecuencia de políticas fracasadas de estatización, centralización, de la opacidad y la corrupción en las instituciones.

Valencia calificó al gobierno de insensible por no reconocer ni resolver la situación de emergencia que existe en el país, pese a tener los mecanismos para hacerlo, como el ofrecimiento de la ayuda humanitaria internacional y la disposición de las ONG de traer medicinas al país.

VÍA EL NACIONAL.

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