El presidente del Parlamento Amazónico, Ramón Flores, declaró que a la empresa canadiense Gold Reserve, la cual tiene la concesión de la explotación del Arco Minero otorgada por el Gobierno nacional, sin la aprobación de la Asamblea Nacional, le fue revocada la concesión en su país de origen en el año 2009, tras constatarse que se cometieron graves daños ecológicos.

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Flores afirmó que en el Arco Minero se está realizando la práctica de minería a cielo abierto, la cual ha sido prohibida en varios países, debido a que genera daños importantes al ecosistema. En ese sentido, destacó que, debido a la “depredadora práctica”, corren riesgo de desaparecer 40 pueblos indígenas, además de diversas especies animales que hacen vida en el área amazónica del territorio venezolano.

El diputado explicó que el Arco Minero será una de las prioridades del Parlamento Amazónico por el daño ambiental que representa y enfatizó, además, que “trataremos de elevar ante los demás países miembros, así como a instancias internacionales, lo que implicaría esta actividad para la región y el mundo”.  Acotó que la minería ilegal en la zona constituye el ecocidio más grande del planeta sancionado en el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Al ser interrogado sobre si el gobierno se vería obligado a acatar las decisiones del bloque parlamentario, Ramón Flores destacó que el Parlamento Amazónico, al ser un organismo de carácter legislativo, tiene como función elaborar leyes, las cuales deben ser acatadas por los gobiernos de los Estados que constituyen el área amazónica, que son Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y Venezuela.

Durante su intervención en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, el también dirigente del partido Voluntad Popular resaltó que en Venezuela se violan constantemente los derechos humanos, además de que las medidas cautelares y de protección emitidas por la Organización de las Naciones  Unidas (ONU) han sido incumplidas por el gobierno.

Finalmente, instó al Parlamento a acudir a la Corte Penal Internacional (CPI) para denunciar las torturas, crímenes de lesa humanidad y faltas al debido proceso del que son víctimas los presos políticos en Venezuela, de los que resaltó los casos de Leopoldo López, Daniel Ceballos, Lorent Saleh, Alexander Tirado y Gilber Caro.

Vía ElPitazo.com

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