El martes en la mañana Jenxel Alexánder Frías Salazar bajó al área de enfermería del centro penitenciario Rodeo II, en el estado Miranda, donde se encontraba recluido desde el 8 de septiembre de 2017. Un dolor abdominal lo aquejaba y por ello suplicó a los custodios que lo trasladaran a un centro asistencial, pero su petición quedó sin respuesta. Autoridades del penal anunciaron su muerte el miércoles a las 11:00 am.
A la espera de la entrega del cadáver en la morgue de Bello Monte, sus familiares relataron ayer que el estado de salud de Frías Salazar se complicó por falta de medicamentos en ese retén.
Jeanmary Salazar dijo que su primo tenía más de un mes con la dolencia, por lo que sus familiares tramitaron ante los tribunales todos los permisos correspondientes para su traslado al centro asistencial más cercano. Los oficios quedaron sobre el escritorio del director. “Nos hubiésemos conformado con que lo llevaran a un CDI y hoy no estaríamos llorando su muerte”, señaló.
Agregó que un compañero de celda lo ayudó a bajar a la enfermería porque Frías no podía caminar. “Me cuenta ese muchacho que gritaba por ayuda y los custodios solo se reían. Dijo que mi primo casi se arrastraba por el suelo”, explicó.
Infarto estomacal fue el resultado del estudio forense que arrojó la autopsia. Los dolores eran consecuencia de la falta de funcionamiento de ambos intestinos, explicó el médico forense a los parientes.
Acerca de Frías, de 20 años de edad, se conoció que se desempeñaba como técnico medio en mantenimiento y electricidad en la empresa Cargill de Venezuela, ubicada en Catia La Mar, estado Vargas. Residía con su familia en la calle Los Molinos de Mirabal, sector La Escalera, en Caraballeda, y era el tercero de cuatro hermanos.
Un tribunal varguense ordenó el 8 de diciembre la detención de Frías y fue recluido en un centro preventivo en Caraballeda donde estuvo 45 días. En el expediente detallaron que se le imputaba el delito de violencia de género y lo condenaron a 11 años y 9 meses en Rodeo II.
Parientes de Frías explicaron que mantenía una relación con una menor de edad, y que la madre de la muchacha no estaba de acuerdo. “La madre de la joven alegó que había sido abusada sexualmente y manipuló el caso a su conveniencia; además, tenía contactos en los tribunales”, detalló Salazar.
El Dato
100% de los centros para recluir a privados de libertad carecen de servicios o áreas médicas para la atención de enfermedades, destacó Carlos Nieto, abogado de Derechos Humanos y presidente de la ONG Una Ventana a la Libertad. En su informe 2017, Nieto destacó que el Estado ha desatendido a la población reclusa con enfermedades crónicas como el cáncer y VIH. “Son presos que no reciben tratamiento, no hay un programa de prevención y conviven en las mismas áreas con el resto de la población”, expresó.