Carlos Trapani, coordinador de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) manifestó este viernes que las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en relación a los casos de los niños que murieron en la unidad de nefrología del Hospital J.M de los Ríos, constituyen una reivindación a los fallecidos y sus familiares y apuntó además que el Estado venezolano debe velar por su cumplimiento puesto que aunque no forma parte de la corte está adherido a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Trapani detalló que la Cidh ordenó al Gobierno que “adopte un conjunto de medidas para proteger no solo a los 5 niños beneficiados con las medidas cautelares sino a todos los niños del servicio de nefrología del JM de los Ríos”
La Corte también determinó que los familiares de estas víctimas deben ser indemnizadas por parte del Gobierno. “Con esta medida lo que buscamos es que el Estado cumpla con sus obligaciones y que lo haga bien”, aseveró.
“Si no cumplen lo que dicen estas medidas a nivel personal, ministros, funcionarias personas vinculadas al acceso de tratamientos podrían ser sancionadas”, explicó.
El coordinador habló de casos en particular como el del niño Samuel Becerra, quien murió en mayo de 2017 y según una investigación de la Universidad Simón Bolívar constataron la contaminación de los tanques que surten de agua al hospital.
Explicó que el trámite ante la Cidh tardó dos meses y en los tribunales nacionales llevan al menos dos años. “Cuando tengamos jueces de verdad e imparciales ellos tendrán que rendir cuentas, podrían ser responsables”, alertó.
En rueda de prensa familiares de los niños que se encuentran en el servicio de nefrología del mencionado centro de salud manifestaron también estar conformes con la medida y esperar que el Estado cumpla las disposiciones de la corte, asimismo denunciaron el estado en el que se encuentran en el hospital, destacando que a sus niños se las habían suministrado incluso medicamentos vencidos durante su tratamiento.