Lo que ha sucedido el 21 de diciembre de 2017, en el Congreso Nacional de Perú, con la no destitución o no vacancia del presidente de la república Pedro Pablo Kuczynski (PPK) “quien está siendo investigado por haber recibido en su cuenta personal del Banco de Crédito de Perú, más de 782.207,28 dólares, a raíz del contrato de asesoría financiera firmado por su empresa Westfield Capital con Odebrecht entre 2004 y 2007, cuando era ministro en el gobierno de Alejandro Toledo, presidente de 2001 al 2006”. PPK no fue destituido y se salvó por la abstención de 10 diputados encabezados por Kenji Fujimori, hijo del ex dictador Alberto Fujimori. La diputada y ex candidata presidencial fue una de las más duras acusadoras y solicitante de la destitución del presidente Kuczynski. Vale una observación, el partido con más diputados es Fuerza Popular, es liderado por los dos hermanos Keiko y Kenji Fujimori. Keiko acusa a PPK y Kenji, con 10 votos de su propio partido salva a PPK, de la destitución. Es evidente que la maniobra buscaba dos objetivos: el indulto presidencial y tener controlado al presidente de la República. Inmediatamente de obtener “el triunfo” el presidente PPK, le otorga el indulto humanitario al ex presidente Alberto Fujimori (quien estaba pagando condena de 25 años de prisión por graves violaciones a los derechos humanos). Los sentenciados por delitos contra los derechos humanos y de lesa humanidad no tienen beneficios.
El ex presidente Alberto Fujimori, un anciano de 80 años y enfermo, tenía años pidiendo el indulto presidencial por razones humanitarias y ningún ex presidente se lo había concedido. Si PPK, lo hubiese beneficiado con el indulto humanitario unos meses atrás como podía haberlo hecho, seguramente no hubiese pasado de un escándalo político, es evidente que nunca quiso darle el indulto. A los tres días de la decisión del Congreso Nacional donde salió airoso, el presidente PPK, tenía que cumplir el compromiso, devolver el favor de los 10 votos de diputados que lo salvaron y lo mantienen políticamente maniatado en la presidencia de la república de Perú, por eso concede el indulto. Aparentemente se salvaron todos. Al final la red de corrupción los atrapa, todos están siendo investigados por la Fiscalía y los Tribunales, están obligados a defenderse, podrán evadir la justicia interna de ese país, pero si resultan culpables la justicia internacional los atrapara, ellos terminan siendo reos de su propio destino.
Pacto de impunidad para burlar justicia
Esos dos hechos (salvación e indulto) demuestran que hubo un sainete, una comedia, un pacto de impunidad para burlar la justicia y al final quedó desnudo un acuerdo de salvación para todos (PPK les dijo, déjame seguir gobernando y te doy el indulto), eso visto de manera vulgar y pedestre fue lo que sucedió, un trueque. El acuerdo al que han llegado los factores de poder en Perú, pueden constituirse en una barrera de presión, para que las instituciones (Fiscalía y Tribunales) no continúen y avancen en las investigaciones, eso va camino a la obstaculización de la justicia, para que queden impune los hechos de corrupción confesados por Marcelo Odebrecht, dueño de la empresa constructora más grande de Latinoamérica, quien admitió haber entregado 29 millones de dólares en coimas y sobornos a funcionarios peruanos para obtener información privilegiada y contratos, en el famoso caso ´Lava Jato´. Donde aparecen seriamente involucrados dirigentes políticos, empresarios, ya van centenares de investigados y encarcelados por los hechos de corrupción internacional que ha tenido como escenario más de 12 países. En el caso concreto de Perú, han rendido declaraciones ante el Ministerio Público y en tribunales, el actual presidente de la república Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el ex presidente de la república Alan García y la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, investigados por lavado de activos en las campañas electorales, Marcelo Odebrecht, confesó haber financiado las campañas. El ex presidente Ollanta Humala está preso en la misma cárcel de donde salió Fujimori. El ex presidente Alejandro Toledo, desde el 10 de febrero de 2017, tiene una orden de captura internacional, lo están buscando como palito de romero. La justicia peruana esta entre dicho, es por ello, que la creación del Tribunal Penal Internacional de Las Américas, que proponemos sea creado toma fuerza como alternativa, para que en nuestras naciones pueda resplandecer la justicia y no queden impunes los delitos internacionales cometidos por los hombres del poder.
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Vía infocifras.org