Noviembre transcurrió signado por la aprobación de la inconstitucional “Ley contra el odio, por la convivencia y la intolerancia” llevada a cabo por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que contempla castigar hasta con 20 años de prisión, cierre de medios y bloqueo de portales web la libre expresión e información.
Por: Espacio Público
Esta “Ley” castiga el discurso de odio, pero no establece categorías claras para calificar expresiones de este tipo, sin embargo establece condenas sumamente duras. Está caracterizada por su extensa vaguedad y representa una clara amenaza puesto facilita la arbitrariedad en su aplicación, dada que su aplicación queda a discrecionalidad del Estado.
La ANC sin facultad para la aprobación de leyes, crea este instrumento regresivo vulnerando aún más el derecho a la expresión, participación, asociación que tienen los venezolanos y que contravienen y desconocen los estándares nacionales e internacionales.
En un contexto crítico a nivel social, económico y político, y mientras el Estado busca consolidarse con practicas totalitaristas que cercenan libertades e impiden la consolidación de espacios de participación y encuentro por el bien de la democracia, continúan los periodistas siendo blanco de ataques, hostigamiento y persecución.
Destaca el caso de la agresión a la sede de El Nuevo País y la Revista Zeta, por parte de grupos violentos afectos al oficialismo e identificados con el movimiento 4F, quienes usaron un esmeril para acceder a las instalaciones del diario, causando destrozos y pintando consignas gubernamentales en portones, alegando que el edificio será convertido en viviendas para sus familias.
La arremetida contra los medios impresos trasciende el límite de la violencia cuando noviembre, el diario El Mío se convierte en el 5to periódico que deja de circular en el país en lo que va de año, la decisión corresponde a la imposibilidad de adquirir papel prensa para continuar informando la realidad del estado Anzoátegui, labor que venía realizando durante los últimos siete años.
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La CIDH resuelve a favor de Santiago Guevara y exige al Estado adoptar una cautelar
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado venezolano adoptar una medida cautelar a favor del profesor Santiago Guevara, en la que se pretende proteger su derecho a la vida e integridad personal, proporcionando atención médica de acuerdo a los estándares internacionales.
Guevara, de 65 años de edad, fue detenido el pasado 21 de febrero tras la realización de un allanamiento a su casa, sin orden judicial, siendo trasladado a la sede de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim) en Caracas donde se encuentra desde entonces.
Su estado de salud se ha visto comprometido al padecer múltiples afecciones entre las que destacan una serie de patologías que no se están atendiendo adecuadamente, siendo las más grave la “espondilitis anquilosante”, la cual tiene por efecto agravar la colitis crónica activa severa erosiva inespecífica y la hipertensión arterial. A estas enfermedades graves, se le suma la edad avanzada del profesor, la gran cantidad de medicamentos que debe consumir diariamente (12 pastillas) y la preocupante disminución de peso que viene sufriendo en los últimos meses, justamente a partir de su reclusión en la Dgcim, se estima que desde que ingresó ha perdido alrededor de 30 kilos.