La Ley de Inversión Extranjera fue aprobada ayer en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que comprende la regulación de la participación foránea en las áreas estratégicas de hidrocarburos, minería, telecomunicaciones y medios de comunicación.
El proyecto fue presentado por el vicepresidente de Economía, Wilmar Castro Soteldo, quien recomendó la elaboración de su reglamento para la discusión, y la creación del ente rector que regirá el cumplimiento de esta ley, que consta de 47 artículos.
El ministro explicó que la promulgación de la Ley implica la revisión de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios, la de Precios Justos y la de Ordenamiento Territorial sobre zonas especiales de desarrollo.
Castro Soteldo agregó que se busca reducir “de manera progresiva las importaciones y generar la sustitución de importación no sólo en piezas y partes, sino en la conformación de equipos necesarios para la creación de otras empresas”.
–Prevé y garantiza la integridad territorial”. Y acotó que igual promueve los encadenamientos productivos “sustantivo para el desarrollo del país, contrario a las inversiones aisladas pensadas para satisfacer los intereses de una corporación o ente en particular, con el propósito de generar fuentes de trabajo”.
Detalló Castro que la Ley establece los principios, políticas y procedimientos que regularán las inversiones extranjeras productivas de bienes y servicios en cualquiera de sus categorías, promoviendo un “aporte productivo y diverso de origen extranjero, bajo el principio de desarrollar las potencialidades productivas existentes del país”.
A juicio del ministro “es una de las leyes de mayor contenido transformador en el marco de la economía, que va a fortalecer la producción nacional junto a los 15 sectores de la Agenda Económica. Además garantiza la soberanía y la independencia del país, que es el bien más preciado que tenemos ahora”.
El presidente de la Comisión de Economía de la ANC, Eduardo Piñate, mencionó que esta norma incorpora dentro de los requisitos para la inversión extranjera “incentivar el apoyo al sistema económico comunal”.
Con este instrumento “se deja a salvo los regímenes espaciales que ya existen como los de hidrocarburos, donde la participación accionaria del Estado sigue mínimo 60% o en el de la minería, donde la participación mínima es 55%”.
La norma establece como jurisdicción para el tratamiento de controversias son los tribunales ordinarios de Venezuela. Al mismo tiempo, el ente rector dependiente del Ministerio de Comercio Exterior “centraliza el registro que está disperso en diferentes entidades de las inversiones”, citó Piñate.
La norma, subrayó, crea las condiciones para el ingreso de divisas, cuyo esquema están trabajando la ANC y el Gobierno para “la recuperación de la economía, dado que la caída de los precios petroleros han condicionado los ingresos de nuestro país.
Piñate detalló que la Comisión Especial que elaboró la normativa realizó consultas con el Estado, sectores productivos y algunos críticos de la Ley. Agregó que tomaron como referente otras leyes sobre la materia aplicadas en otros países y precisó se recogen elementos de la Ley de 2014, pero modifica aspectos importantes que “fortalecen la soberanía, la presencia del Estado en el tratamiento de las inversiones extranjeras”.
Por su parte, el presidente de la Comisión Constitucional de la ANC, Hernán Escarrá expresó que la aprobación de esta ley representa “la recuperación de 8 mil pozos petroleros del país, que es “la única forma de lograr el millón de barriles que requerimos”.
Dijo que su objetivo es “consolidar un marco que promueva, favorezca y otorgue seguridad jurídica a la inversión”