Durante los dos últimos años 7.000 evidencias que fundamentaban investigaciones sobre crímenes ocurridos en el país fueron hurtadas del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses de Bello Monte y de otros estados del país, para ser vendidas “hasta en dólares”, de acuerdo con informaciones obtenidas extraoficialmente.
Luego de averiguaciones realizadas recientemente por el Cicpc, conjuntamente con el Ministerio Público, en los últimos meses de 2017 fueron detenidos 20 funcionarios adscritos al Senamecf en 7 entidades del país: 6 en el área metropolitana de Caracas; 3 en Aragua; 3 en Zulia; 2 en Bolívar; 2 en Guárico; 3 en Lara y 1 en Yaracuy.
Uno de los investigados en Caracas fue Henry Páez, un técnico en computación, quien fue acusado por delito informático el 30 de noviembre. Fuentes policiales señalaron que durante el interrogatorio el hombre confesó que había provocado la caída del servidor del organismo con la intención de extraer información y revelarla.
En el estado Aragua, el médico patólogo y funcionario del Cicpc, identificado como Eduardo Malavé Sanz, es buscado desde agosto por la policía judicial por vender supuestamente evidencias en divisas extranjeras, informaron fuentes policiales.
Contra todos los detenidos pesa un proceso penal por estar implicados en el hurto de evidencias, y su venta y manejo inadecuado, así como en develar información confidencial sobre el proceso de autopsias.
Un número no determinado de casos se encuentra en riesgo de quedar impune por esta irregularidad. “Al extraviarse evidencias, no hay hecho punible ni culpables”, advirtió el comisario Javier Gorriño, abogado criminalista, quien indicó que la cadena de custodia de las evidencias es fundamental para garantizar la pureza de la evidencia desde el momento mismo de la recolección hasta la etapa en que estos elementos puedan convertirse en pruebas. “Su legalidad debe estar garantizada para que puedan ser descubiertas y controvertidas en juicio”.
Gorriño, quien fue funcionario de Homicidios de la extinta PTJ, explicó que hace 20 años no existía en Venezuela un procedimiento de custodia y resguardo de evidencias, aunque eran celosamente protegidas. “En la actualidad, para que el resultado tenga validez ante el tribunal penal, es necesario garantizar que las evidencias sean manejadas de una manera cuidadosa en la que se asegure que se encuentran conservadas, inalteradas e íntegras, desde que fueron recuperadas hasta el momento en que son incluidas como prueba ante el tribunal”.
Cuidar la prueba. Ante la constatación de las fallas de recolección y el hurto de evidencias, la nueva Dirección de Senamecf creó en septiembre una sala de resguardo de evidencias en todas las morgues del país. También, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz ordenó la revisión y reedición del Manual Único de Cadena de Custodia de Evidencias Físicas, según resolución publicada en la Gaceta OficialN° 41247 del 29 de septiembre de 2017, que entrará en vigencia el próximo 29 de diciembre.
Además de favorecer la sustracción, el manual anterior no se ajustaba a los actuales estándares internacionales, según el ministerio, que establecen protección y preservación del lugar de los hechos; recopilación de la información preliminar a través de testigos del hecho; observación, valoración y planificación; fijación del lugar de los hechos; búsqueda y tratamiento de las evidencias; liberación del lugar de los hechos, y documentación y remisión de evidencias.
Hasta la fecha no había control ni espacios adecuados para mantener las evidencias en resguardo y evitar que fuesen contaminadas hasta ser entregadas al Cicpc. “En crímenes del hampa común estas evidencias se perdían para no determinar culpabilidad. Las evidencias eran vendidas hasta en dólares”, afirmó una fuente de la morgue de Bello Monte; no obstante, advirtió que en casos como el asesinato de Mónica Spears o de otras figuras públicas estas evidencias fueron resguardadas.
Luego de la revisión del Manual Único y de su próxima entrada en vigencia, el ministerio instruyó que el nuevo instrumento es “de uso obligatorio para todas las instituciones policiales del territorio nacional que practiquen, entre sus labores, el resguardo, fijación fotográfica o por otro medio, colección, embalaje, etiquetado, traslado, preservación, análisis, almacenaje y custodia de evidencias, con la finalidad de mantener el criterio unificado de patrones criminalísticos”. Los resultados se verán en 2018.
Nuevas formas
El ministerio ordenó la creación de salas para la conservación de las evidencias recabadas durante la autopsia o del lugar de los hechos, así como cursos de formación académica para los médicos y funcionarios que participen en el proceso, “con el objeto de evitar su modificación, alteración o contaminación, desde el momento de su ubicación en el sitio del suceso, su trayectoria por las distintas dependencias de investigaciones penales, la consignación de los resultados ante la autoridad competente hasta la culminación del proceso penal. Las evidencias consisten en proyectiles de arma de fuego o pedazos de objetos metálicos, vidrio o plástico”, reveló la fuente.
Peritos, médicos forenses y funcionarios policiales deberán actuar en conjunto para evitar la pérdida de evidencias. “Todos tendrán la tarea de preservar las evidencias halladas en la escena del crimen; recopilar y valorar los datos obtenidos de ellas, y finalmente documentar y remitir dichas evidencias a la sala de resguardo para que puedan ser utilizadas subsecuentemente en los tribunales durante la tramitación de un juicio penal”, dijo el funcionario.
Si la evidencia, que puede ser un proyectil o un pedazo de vidrio u objeto metálico, se halla en el cadáver, el nuevo Manual Único establece que debe haber un formulario en el que se plasme la huella del médico patólogo que recibe el caso, quien además es el que inicia la cadena de custodia: recolecta la evidencia y la remite al área de fotografía. El patólogo, a su vez, la embala y la envía con un oficial de resguardo a la sala de evidencias y la registra en el libro diario. Finalmente, es llevada a la unidad criminalística del Cicpc, en San Agustín.