Los bonos venezolanos caían el lunes arrastrados por el temor entre los inversores de que el Gobierno incumpla los pagos de la deuda del país, pero los títulos de la estatal PDVSA subían ya que el mercado consideraba que podrían quedar al margen de una reestructuración de pasivos si las negociaciones se complican.
El presidente socialista Nicolás Maduro anunció la semana pasada la intención de reestructurar toda la deuda del país y convocó a los acreedores a una reunión en Caracas el 13 de noviembre para iniciar el proceso. El lunes el mercado castigaba con especial énfasis a los títulos emitidos por la República.
Uno de los bonos más próximos a vencer de la deuda venezolana, el papel al 2018, se hundía 31,375 puntos y cotizaba en 33,750 centavos de dólar, mientras el marcador de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) al 2022 se recuperaba 2 puntos a las 1630 GMT. «Hay quienes piensan que el anuncio de refinanciamiento sólo apunta a la República y no a PDVSA», dijo un ejecutivo de un fondo local que invierte en deuda venezolana.
Otras tres fuentes, dos de ellas desde Nueva York, coincidieron en atribuir la fuerte caída en casi todos los títulos emitidos por la República venezolana a esa posibilidad. Venezuela y su principal empresa, Petróleos de Venezuela (PDVSA), empezaron a demorar pagos de intereses desde principios de octubre, que suman unos 750 millones de dólares pendientes en menos de un mes, lo que encendió la alarma del mercado.
Pero PDVSA dijo haber cumplido con pagos de capital e intereses por más de 2.000 millones de dólares correspondientes a las últimas dos semanas, entre ellos la amortización del bono al 2020 que tiene como garantía acciones de Citgo, una filial clave en sus operaciones ubicada en Estados Unidos. El anuncio de una reestructuración sin términos claros ha confundido al mercado, que al mismo tiempo recibió la información de que PDVSA pagaba puntualmente sus compromisos más fuertes.
PDVSA pagaría esta semana unos 80 millones de dólares en intereses del bono al 2027, pendientes por pagar desde el 12 de octubre, según una fuente cercana a la petrolera. Analistas y operadores temen que el Gobierno pueda estar allanando el terreno para una cesación de pagos, pues le será muy difícil avanzar en una negociación con los acreedores bajo las sanciones financieras que impuso Estados Unidos este año.
Los inversionistas estadounidenses tienen prohibido aceptar nueva deuda emitida por Venezuela. En caso de incumplimiento, a su vez, tienen pocos activos del gobierno venezolano para embargar en el extranjero. La mayoría de los bienes del país petrolero pertenecen a PDVSA y los acreedores demorarían más en incautarlos, dijeron las fuentes consultadas.
La deuda del gobierno venezolano y su compañía petrolera alcanza unos 60.000 millones de dólares en bonos que están en circulación, según datos de Thomson Reuters. Tras las transferencias que hizo PDVSA, sería en turno del gobierno venezolano para enfrentar los compromisos más pesados el año entrante, de unos 6.000 millones de dólares.
A la estatal petrolera le corresponde cancelar la mitad de ese monto en 2018. «Maduro busca ganar tiempo, distrayendo a los mercados con promesas y ambigüedades», afirmó Ángel Alvarado, un economista y diputado opositor. «Tratará también de culpar al gobierno estadounidense de un eventual incumplimiento», agregó.
Vía Panorama.com