La orden estipula que los inmigrantes que desobedezcan órdenes finales de deportación estarán sujetos a sanciones estrictas, entre ellas, multas diarias que pueden alcanzar los USD 998, así como la incautación de bienes como casas, automóviles y sueldos. Además, estas penalizaciones podrían imponerse de forma retroactiva por un período de hasta cinco años, generando deudas que superarían el millón de dólares.
Asimismo, se ha lanzado la aplicación ‘CBP Home’, diseñada para que los inmigrantes puedan inscribirse en el proceso de autodeportación. Esta plataforma ofrece incentivos como pasajes aéreos gratuitos y una remuneración de USD 1,000 para quienes decidan abandonar voluntariamente el país.
Estas disposiciones han despertado inquietud entre defensores de los derechos humanos y grupos pro inmigrantes, quienes advierten que podrían tener consecuencias perjudiciales para familias con estatus migratorio mixto y agravar la pobreza en comunidades ya vulnerables. También se ha puesto en duda la legalidad de confiscar bienes sin seguir un debido proceso judicial, lo que ha generado un intenso debate legal y ético.
La administración Trump sostiene que estas acciones son necesarias para reforzar la seguridad nacional y garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias. Sin embargo, el debate continúa en el Congreso y entre la opinión pública sobre la eficacia y justicia de estas políticas.