El Tribunal Supremo dictaminó inicialmente el 8 de abril que no se podía utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a presuntos miembros de bandas, pero que los deportados debían tener la oportunidad de impugnar su expulsión.
«La notificación debe hacerse dentro de un plazo razonable y de tal manera que les permita realmente solicitar un recurso de hábeas corpus en la instancia adecuada antes de que se produzca la expulsión», escribieron los jueces en su decisión a principios de este mes.
Decenas de migrantes han sido trasladados a la prisión del Cecot en El Salvador desde Estados Unidos sin pasar por los tribunales. Reuters
El recurso de hábeas corpus se refiere al derecho de los detenidos a impugnar la legalidad de su detención. Se considera un derecho fundamental en la legislación estadounidense.
El Supremo no especificó, sin embargo, con cuánta antelación se debía dar el aviso, aunque abogados en distintas partes del país han pedido que se dé a los migrantes un plazo de 30 días para que puedan impugnar sus deportaciones.
La demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que dio lugar a la orden del sábado, señala que los hombres venezolanos detenidos en el centro de Bluebonnet, en el norte de Texas, habían recibido notificaciones en inglés, a pesar de hablar solo español.
Según la ACLU, se les notificó que serían deportados de forma inminente, y no se les dijo que tenían derecho a impugnar la designación en un tribunal federal.
«Sin la intervención de este Tribunal, decenas o cientos de miembros de la clase propuesta pueden ser expulsados a una posible cadena perpetua en El Salvador sin ninguna oportunidad real de impugnar su designación o expulsión», afirma la demanda.
Tras la orden del Supremo del 8 de abril, jueces federales de Colorado, Nueva York y del sur de Texas emitieron rápidamente órdenes que prohibían la deportación de migrantes bajo la ley de Enemigos Extranjeros hasta que se les otorgara un proceso en el que pudieran impugnar la decisión.
Pero no se ha emitido ninguna orden de este tipo para la zona norte de Texas, donde se encuentra el centro de detención de Bluebonnet, a unos 40 km al norte de la localidad de Abilene.
Según uno de los abogados de la ACLU, Lee Gelernt, el gobierno inicialmente trasladó a los venezolanos a un centro de inmigración del sur de Texas para su deportación.
Sin embargo, como las deportaciones fueron prohibidas en esa zona por un juez federal, los migrantes fueron canalizados al centro de Bluebonnet, donde no existe tal orden, según recogió la agencia AP.