La idea de la iniciativa es que este corredor quede -de manera temporal- bajo jurisdicción militar para poder facilitar las operaciones contra la inmigración irregular y, a su vez, que cualquier detención en dicha zona pueda ser considerada y juzgada como una intrusión a una base militar.
“Nuestra frontera sur está siendo atacada por diversas amenazas. La complejidad de la situación actual exige que nuestras Fuerzas Armadas asuman un papel más directo en la seguridad de nuestra frontera sur que el que tuvieron en el pasado reciente”, se lee en el memorándum difundido por la Casa Blanca.
El texto suma que, desde este sábado, comenzará a regir un período inicial de evaluación de 45 días, a cargo del secretario de Defensa, Pete Hegseth, que servirá para estudiar la situación en su totalidad antes de avanzar sobre disposiciones adicionales.
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