El fin de las protecciones temporales ha generado poca reacción política entre los republicanos, excepto por tres representantes cubano-estadounidenses de Florida que pidieron evitar las deportaciones de los venezolanos afectados. Mario Díaz Ballart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar han instado al gobierno a evitar la deportación de venezolanos sin antecedentes penales y revisar a los beneficiarios del TPS caso por caso.La alcaldesa de Doral, hogar de un club de golf de Trump desde 2012, escribió una carta al presidente pidiéndole que encuentre un camino legal para los venezolanos que no han cometido delitos. “Estas familias no quieren limosnas. Quieren una oportunidad para seguir trabajando, construyendo e invirtiendo en Estados Unidos”, dijo Christi Fraga, hija de exiliados cubanos.
En el Doral, profesionales y empresarios de clase media alta llegaron para invertir en propiedades y negocios cuando el socialista Hugo Chávez ganó la presidencia a finales de la década de 1990. Les siguieron opositores políticos y empresarios que establecieron pequeños negocios. En los últimos años, más venezolanos de bajos ingresos han venido a trabajar en industrias de servicios.
Son médicos, abogados, esteticistas, trabajadores de la construcción y limpiadores de casas. Algunos son ciudadanos estadounidenses naturalizados o viven en el país ilegalmente con hijos nacidos en Estados Unidos. Otros se han quedado más tiempo del permitido por sus visas de turista, buscan asilo o tienen alguna forma de estatus temporal.