Hace un mes, más de 50 indígenas de la etnia pemón resultaron heridos de bala luego de que funcionarios de la GN, Ejército, colectivos y reclusos del Dorado se presentaron en la población de Santa Elena de Uairén y abrieron fuego contra los habitantes del sector.
De inmediato diversas ONG, entre ellas el Foro Penal, y diputados de la Asamblea Nacional, como Américo De Grazia y Romel Guzamana, calificaron el hecho como una masacre. Sería de la décima matanza de personas que ocurre en el país desde que Nicolás Maduro llegó al Palacio de Miraflores.
Ese día, 22 de febrero, solo murió la indígena Zoraida Rodríguez, de 45 años. El resto de las personas heridas de gravedad fueron trasladadas al hospital general de Boa Vista, en Brasil.
Con el transcurrir de los días la cifra de muertos aumentó hasta seis.
Entre los fallecidos figuró el esposo de la primera indígena fallecida y un joven de apenas 20 años que respondía al nombre de José Elsy Pérez.
Testigos del hecho relataron que todo ocurrió cuando un convoy del Ejército venezolano pasó disparando a mansalva por el municipio Gran Sabana, del estado Bolívar.
Además de efectivos militares, en esta oportunidad actuaron privados de libertad que se encontraban de la cárcel del Dorado.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), aseguró que 35 internos fueron sacados del mencionado recinto penitenciario para que participaran en la matanza contra los pemones.
“Esta vez los internos actuaron como colectivos. Otras veces los han uniformado como policías o guardias nacionales”, precisó el abogado.
La arremetida se produjo porque los indígenas protestaron para exigir la entrada de la ayuda humanitaria a nuestro país.
El dirigente político Andrés Velásquez y los diputados De Grazia y Guzamana aseguraron que la cifra de fallecidos supera la cantidad reportada por los abogados del Foro Penal.
“Vi más de diez cadáveres en la morgue del hospital de la zona”, dijo Guzamana.
La diputada Delsa Solórzano explicó que el asedio al pueblo pemón ha quedado debidamente registrado y los hechos serán denunciados en instancias internacionales.
Exterminio como política de Estado
De acuerdo a las cifras aportadas por varias ONG y la Comisión de Política Interior de Asamblea Nacional, desde 2013 hasta la fecha se han cometido 10 masacres en todo el territorio venezolano.
La cifra no incluye las ejecuciones extrajudiciales cometidas en los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP) y por las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), el grupo de exterminio de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
En 2016, al presentar la Memoria y Cuenta de su gestión ante la Asamblea Nacional, la fiscal general de la república, Luisa Ortega Díaz, hoy en el exilio, reveló que el Ministerio Público había logrado documentar unas 514 ejecuciones extrajudiciales cometidas solo en el año 2015.
Marino Alvarado, de la ONG Provea, en distintas declaraciones a la prensa ha afirmado que el exterminio es una política de Estado en la Venezuela de hoy.
Inventario
Uribana
En enero de 2013, 63 internos de la cárcel de Uribana, en el estado Lara, fueron asesinados por efectivos de la Guardia Nacional.
La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, había anunciado una requisa y luego alegó que hubo un enfrentamiento.
Cota 905
En 2015, 14 personas, aparentemente involucradas en hechos delictivos, fueron asesinadas en la Cota 905, un conocido barrio de Caracas.
La acción se llevó a cabo luego que Maduro anunció el inicio de las llamadas Operaciones de Liberación Nacional (OLP), un operativo conjunto llevado a cabo por varios cuerpos de seguridad.
Los funcionarios llegaron sorpresivamente al lugar, allanaron ilegalmente las humildes viviendas y asesinaron sin piedad.
En este y todos los procedimientos alegaron que las víctimas son unos delincuentes y pusieron resistencia a la autoridad.
No conforme con reprimir y matar, en este tipo de procedimientos los funcionarios también roban los artefactos eléctricos, teléfonos celulares y hasta los alimentos de las víctimas.
Barlovento
El 15 de octubre de 2016, 14 jóvenes de Barlovento, en el estado Miranda, fueron, sin motivo aparente, sacados arbitrariamente de sus casas por efectivos del Ejército venezolano.
Muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir. Casi todos estaban dedicados al trabajo del campo.
Sus familiares los denunciaron como desaparecidos debido a que pasaban los días y nadie sabía de su paradero.
Diez días después los cadáveres fueron hallados en fosas comunes. Los cuerpos presentaron signos de tortura y tratos crueles.
El hallazgo fue posible gracias a que dos de las víctimas sobrevivieron a la acción de los efectivos militares.
Díez militares fueron imputados por el hecho, pero se les permitió ser juzgados en libertad.
Cariaco
En noviembre de 2016, nueve pescadores de Cariaco, estado Sucre, fueron acribillados desde un helicóptero de la GN cuando esperaban el pago de su jornada laboral.
En agosto de 2017, 39 reclusos del Centro de Detención en Amazonas fueron acribillados durante un operativo conjunto.
La acción criminal fue llevada a cabo por efectivos del Cicpc, PNB, GN y funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios.
Según el director del OVP, los internos fueron acribillados delante de sus familiares.
El Junquito
El 15 de enero de 2018, en un sector de El Junquito, fue asesinado Óscar Pérez, sus seis acompañantes y dos funcionarios de la PNB.
El régimen de Maduro reconoció públicamente su autoría y denominó dicho evento como Operación Gedeón.
Cipraca
En Cipraca, estado Bolívar, fueron asesinados 18 mineros durante un operativo del Ejército venezolano. El hecho ocurrió el 10 de febrero de 2018.
Carabobo
El 28 de marzo de 2018, 66 reclusos y dos mujeres visitantes murieron calcinados en el interior de la Comandancia de la Policía de Carabobo.
Los sobrevivientes relataron que los funcionarios no solo dispararon a mansalva contra los internos, sino que los rociaron con gasolina y luego los prendieron en fuego.
La respuesta inmediata por parte de las autoridades fue reprimir a los familiares que se iban acercando para conocer la suerte de los internos.
Ciudad Tiuna
En septiembre de 2018 la represión llegó hasta las instalaciones militares ubicadas en Caracas.
En un operativo realizado por las Faes, ocho personas resultaron asesinadas dentro de los apartamentos de Ciudad Tiuna.
Una testigo de los hechos denunció que los funcionarios se robaron los cartones de huevo y las Cajas CLAP, entre otras cosas.
Fuente: Caraota Digital.