La Asamblea Nacional aprobó un proyecto de acuerdo sobre la red de corrupción en Petróleos de Venezuela a propósito de una demanda que interpuso la empresa en Estados Unidos, para recuperar 10 millardos de dólares que se perdieron por sobornos y contrataciones ilícitas.
En sesión ordinaria, los parlamentarios afirmaron que el fideicomiso Pdvsa Us Litigation Trust –creado por el gobierno y “autorizado por un procurador ilegítimo”, que supuestamente tiene como fin repatriar el dinero–, desviará los fondos para continuar financiando a funcionarios del Estado.
La Asamblea pidió al Ministerio Público la designación de un fiscal nacional para que investigue los hechos calificados de conspiración, que supuestamente cometió un grupo de 40 personas y que originó la demanda de la petrolera. También instó a la Contraloría a abrir un procedimiento administrativo.
El presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento, Freddy Superlano, aseveró que la constitución del fideicomiso es ilegal porque no cumplió el artículo 187 numeral 9 de la carta magna, el cual señala que le corresponde al Poder Legislativo autorizar los contratos de interés público y velar por el patrimonio del país.
Alertó que la empresa transfirió a Pdvsa Us Ligitation Trust los derechos, intereses y acciones que se ejerzan para la recuperación de los bienes en la demanda civil que cursa ante la Corte del Distrito Sur de Florida.
Superlano recordó que aparte de los 10 millardos de dólares, Venezuela perdió 43 millardos en la compra de unos taladros chinos y 144 millones de dólares en la adquisición de unos buques que ni siquiera han tocado territorio venezolano.
Acceso a los medios. Por tercera vez en una semana guardias nacionales obstaculizaron el trabajo de la prensa nacional e internacional. El coronel Bladimir Lugo, encargado de la seguridad del Palacio Federal Legislativo, impidió la entrada de los corresponsales de CNN y BBC Londres por “instrucciones superiores”.
El mayor Sánchez informó que los medios internacionales necesitaban una credencial emitida por la Cancillería, además debían acatar la orden de Fidel Vásquez, secretario de la asamblea nacional constituyente, quien prohibió el acceso de periodistas. Ante los cuestionamientos de unos diputados, Sánchez alegó que la jefa de prensa de la Asamblea Nacional no había entregado la lista con los nombres de los acreditados, pero fue desmentido por la directora de comunicaciones.
Vía El Nacional