La Unidad Popular Venezolana fue fundada por Lina Ninette Ron Pereira en el año 2004, pero tras su muerte se produjo un conflicto en la pelea por controlarlo.
Por Sebastiana Barráez/infobae
La Unidad Popular Venezolana (UPV), partido fundado por Lina Ninette Ron Pereira en el año 2004, fue referencia de una organización que llegó a ser la tercera en votación en las primeras elecciones en las que se presentó. Su proceso de crecimiento y consolidación se fue enfrentando con la tendencia de Hugo Chávez a tener un partido único, lo que inicialmente fue una idea aceptada a regañadientes por cada una de las organizaciones partidistas del chavismo; en realidad ninguno de los pequeños partidos aceptó de buen agrado la idea y siguieron manteniendo sus siglas, sus colores, sus representantes.
A la muerte de Lina Ron, en marzo del 2011, se profundizaron algunos problemas internos de poder. Hoy en día los líderes natos de la UPV reclaman el partido del que dicen que está secuestrado desde el 2017. Ante la cercanía de las elecciones parlamentarias, el surgimiento de la Alianza Popular Revolucionaria (APR) con varios partidos, entre ellos Patria para Todos (PPT) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV), además de diversas organizaciones que hasta ahora han acompañado a la revolución sin mayor participación en las decisiones políticas tomadas por el alto gobierno.
“Para seguir activos en las bases tuvimos que constituir un movimiento nacional que lleva por nombre ‘Somos Lina’ con representación en los 24 estados. Este movimiento se sumó a la Alternativa Popular Revolucionaria”.
Ellos dicen que “desde el año 2017 la presidencia de UPV viene siendo usurpada por Henry José Hernández Rodríguez, quien se autoproclamó Presidente de la UPV, luego que en febrero de 2016 reaparece con una carta dirigida al Consejo Nacional Electoral con la renuncia del anterior presidente Humberto Berroterán, carta que Berroterán negó haber firmado, por lo que el ente electoral no la admitió”.
“Ante el rechazo, Hernández interpuso ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un recurso contencioso electoral con efecto de nulidad y amparo constitucional cautelar, donde solicita la nulidad del acta de asamblea de la UPV del 11 de diciembre 2015, donde se expulsa a Humberto Berroterán por haberse pasado a la derecha de forma pública y notoria; en esa solicitud Henry Hernández objeta que no cumplimos el debido proceso y no le dimos el derecho a la defensa a Berroterán”.
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Es así como “la Sala Electoral del TSJ declara improcedente e inadmisible dicha solicitud. Durante todo este lapso Henry Hernández no hizo acto de presencia en ninguno de los escenarios que nos tocó enfrentar como organización: guarimbas del 2016 y 2017, validación del partido ante el CNE, entre otros”.
Es así como Hernández “ocupó espacios que corresponden a nuestra organización, desacatando una sentencia firme del TSJ, siendo denunciado ante el Ministerio público por usurpación de cargo. En diciembre de 2017 solicita, ante la Sala Constitucional del TSJ, la revisión constitucional contra la sentencia n°86 de fecha 29 de junio de 2017, emanada de la Sala Electoral. Solicitó que mientras se decidiera el asunto principal, se le otorgara una medida cautelar, objetando que el partido UPV estaba en situación de amenaza inminente, por no tener quien inscribiera ante el CNE en las convocatorias del 2018 en el proceso de elecciones del presidente de la república”.
“Nosotros, como Dirección Nacional legítima de la UPV, nos mantenemos atentos y en nuestras posiciones de lucha en defensa de la revolución en los 24 estados, entendiéndose que manejamos un criterio propio, porque no somos títeres. Pedimos en reiteradas ocasiones al TSJ que se decida la presente causa y se determine el tema en cuestión”.
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“La Dirección nacional de la Unidad Popular venezolana UPV, y sus estructuras establecidas en los 24 estados, hacemos el llamado al CNE y al TSJ, responsables de dar respuesta en relación al caso UPV, partido político que ha sido víctima de usurpación desde el año 2017 por parte de Henry Hernández, avalado por Juan Carlos Delpino y Luis Miquilena de la dirección de partidos políticos del CNE, ente que desacató la sentencia firme Nr.86 de la Sala Electoral del TSJ del 29 de junio de 2017, lo que le permitió a Hernández inscribir candidatos a Gobernadores, Alcaldes y Presidente”.
“Hacemos un llamado a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Mayra Alfonzo Izaguirre, para que revise el caso y acate la sentencia que ella misma dictó y firmó cuando fue Magistrada y presidenta de la Sala Electoral del TSJ, también hacemos un llamado al Magistrado de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza Jover, quien lleva la causa, a que se pronuncie urgentemente al respecto y determine el caso”.
Además de Tellechea, González, Cordero y Arroyo, suscriben los representantes de cada estado; Amazonas, Arcadio Linarez; Anzoategui, José Hernández; Apure, Leomar Colina; Aragua, Héctor González, Barinas, Antoni Araujo; Bolívar, Luis Gámez; Carabobo, Yulmen Baute; Cojedes, Pedro Durán; Delta Amacuro, Jhonny Ydrogo; Distrito Capital, Néstor Hernández; Falcon, Cecilia Molina; La Guaira, Marilyn Cartaya; Lara, Leonardo Méndez; Mérida, Aura Marina Contreras; Miranda, Andry Diaz; Monagas, Ramón Velásquez; Nueva Esparta, Carlos Velázquez; Portuguesa, Zaida Rodríguez; Sucre, Maricruz Rodríguez; Táchira, Carlos Julio Guerrero; Trujillo, Jusmary Justo; Yaracuy, Roselin Zabariego; Zulia, Giovani Poliziani. Todos integrantes a su vez de la organización Somos Lina.