La Asamblea Nacional controlada por el régimen chavista, presentó este martes 2 de diciembre un proyecto de ley derogatoria del Estatuto de Roma para que Venezuela se retire de la Corte Penal Internacional (CPI), luego de que el tribunal anunciara el cierre de su oficina en Caracas al argumentar la «falta de progreso real» con las autoridades venezolanas
Importante destacar, que la CPI tiene investigaciones en curso, como el caso Venezuela II, sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Administración de Nicolás Maduro, de acuerdo con las denuncias que han sido entregadas a dicho organismo, por parte de familiares de las víctimas.
«Hay una posición sesgada por parte de la Corte Penal Internacional y por eso estamos proponiendo ante esta Asamblea la derogatoria de este instrumento», indicó el diputado chavista Roy Daza, en una sesión ordinaria transmitida por el canal estatal ANTV.
A su juicio, la aprobación en primera discusión del proyecto de ley derogatoria de la Ley Aprobatoria de la Corte Penal Internacional es una «decisión importante», en un momento en que todas las instituciones, dijo, deben actuar en unidad, así como las fuerzas políticas.
Daza explicó que la Fiscalía de la CPI se ha convertido en una institución con «fines ajenos para la que fue creada».
«Se ha convertido en un ente instrumentalizado por los poderes y, sí, lo digo con todas sus palabras, con los poderes fácticos y con los poderes económicos, políticos y culturales del imperialismo, porque a eso se ha sometido la Corte Penal Internacional en estos momentos», reiteró.
Por su parte, el líder del cuestionado Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró que la AN y el pueblo de venezolano muestran su «profundo desprecio» por la inacción de «aquellos» que fueron «cómplices» del «genocidio» en Gaza.
La Fiscalía de la CPI anunció el pasado lunes 1 de diciembre que cerrará su oficina en Caracas por la falta de «progreso real» con Venezuela en materia de «complementareidad», principio que exige al país investigar seriamente los crímenes de los que se les acusa antes de que intervenga este tribunal.
El fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, explicó en su discurso de apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI que, pese al «compromiso sostenido» mantenido con las autoridades venezolanas, la CPI concluyó que «el progreso real sigue siendo un reto», por lo que decidió clausurar la oficina instalada en el país suramericano en 2024 para trabajar junto a las autoridades venezolanas.
No obstante, Niang subrayó que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela «permanece activa» y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.
El régimen chavista acusó el lunes a la Fiscalía de la CPI de desatender sus deberes para justificar un «colonialismo jurídico» contra el país suramericano.
En un comunicado publicado por el canciller chavista, Yván Gil, la Administración de Nicolás Maduro dijo que «es muy obvio» que en Venezuela no se han cometido crímenes de lesa humanidad y así, sostuvo, lo ha demostrado en «todas las instancias» en un proceso que tachó de «instrumentalizado con fines geopolíticos».
La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países. El régimen de Nicolás Maduro intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.
EFE