Venezolanos iniciaron ayer en al menos una veintena de países la cuenta atrás para la recogida el próximo miércoles del Premio Nobel de la Paz. Y lo hicieron con la certeza de que la encargada de recibirlo es la líder democrática María Corina Machado, pero que «el Nobel es nuestro», el lema de la iniciativa.

Por: El Mundo

«Es de quienes han dado su vida por esta lucha», rezaba una de las pancartas en una de las primeras concentraciones europeas, en la holandesa Utrecht. Sólo horas antes se había hecho público el último golpe contra la sociedad venezolana: la muerte de otro preso político en la siniestra prisión caraqueña del Helicoide. El exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, murió víctima de un infarto fulminante en la cárcel del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), la policía política de Nicolás Maduro, durante mucho tiempo uno de los grandes centros de tortura del continente.

Díaz fue una de las víctimas de la cacería emprendida por el chavismo tras el megafraude electoral del año pasado. Uno entre el centenar y medio de dirigentes detenidos por agentes chavistas para imponer el terror con el que atornillar en el trono del Palacio de Miraflores al «hijo de Chávez». Sólo unos días antes había recibido de un compañero de lucha dos libros, uno de Historia venezolana y otro el best seller «Sapiens, de animales a dioses». Durante los meses encarcelado también sufrió la muerte de su padre, de quien no se pudo despedir. La única visita familiar que le permitieron en todos estos meses fue la de su hija.

«Exijo una respuesta, ¿qué pasó con mi esposo? ¿Me lo mataron?», clamó Leynys Malavé, la viuda de Díaz. Durante meses, el gobernador de Acción Democrática (AD, socialdemócrata) había reclamado para que se le prestara atención médica ante los quebrantos de salud que sufría.

«La muerte de Alfredo no es un hecho aislado. Lamentablemente, se suma a una alarmante y dolorosa cadena de fallecimientos de presos políticos detenidos en el contexto de la represión post-electoral del 28 de julio. El régimen continúa violando derechos humanos y cobrando vidas de venezolanos inocentes», denunciaron Machado y Edmundo González Urrutia en un comunicado conjunto.

Según los registros de distintas organizaciones, al menos siete presos políticos han fallecido en Venezuela desde las elecciones del año pasado. «El Estado y quien ejerce la custodia son responsables de la vida y salud de la persona detenida», denunció Alfredo Romero, presidente del Foro Penal. De los 887 presos políticos que pueblan las cárceles venezolanas, 20 son españoles, 16 de ellos con doble nacionalidad.

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