“Venezuela está en uno de sus peores momentos. El régimen de Nicolás Maduro no está yendo en dirección a una dictadura como la de Nicaragua, sino que ya está ahí”, dice Tamara Taraciuk Broner, abogada y maestra en Derecho.

Sus palabras llegan por teléfono desde Uruguay. Es difícil descifrar su acento, por momentos neutro, en otros levemente caribeño. Nació en Caracas, se crio y educó en Argentina, vivió en EE. UU. y ahora reside en Río de la Plata.

A pesar de la creciente represión que sufren los venezolanos desde las elecciones del 28 de julio y que llevó al presidente electo Edmundo González a buscar refugio en España, para Taraciuk la dictadura en Venezuela no tiene un destino inevitable. El escenario es complejo, admite, pero una salida negociada hacia una transición democrática es posible si se aumenta la presión internacional coordinada, si la oposición se mantiene unida y si se implementa un programa que contemple reducciones de penas para delitos no considerados crímenes de lesa humanidad. Para eso trabaja como directora del Programa de Estado de Derecho Peter D. Bell en Diálogo Interamericano.

Taraciuk es hija de padres argentinos exiliados en Venezuela durante los años setenta. Su historia familiar marcó una vocación y un interés académico y profesional: “Trabajar para que las personas puedan elegir dónde vivir y cómo quieren hacerlo”.

¿Cree que Maduro subestimó lo que iba a pasar con estas elecciones, la escala de la movilización, las actas en poder de la oposición que probaron el fraude?

Pasaron dos cosas: una, hace un tiempo, Venezuela venía tratando de imponer la idea de que la situación no estaba tan mal para reingresar a los mercados internacionales. Para eso necesitaban cierta legitimidad que solo podían obtener con unas elecciones medianamente creíbles. Por eso firmaron el Acuerdo de Barbados en 2023 para las elecciones; permitieron que la oposición se presentara y que hubiese algo de observación electoral internacional: no dejaron ingresar a la Unión Europea, pero sí fueron Naciones Unidas y el Centro Carter. Y el otro factor es que calcularon mal dos cosas. Uno, el margen de la victoria de la oposición con una brecha que fue muy grande, con lo cual el anuncio oficial era claramente un fraude. Y lo otro que no previeron fue la capacidad de organización de la oposición para probar que ganaron, porque no es la primera vez que la oposición dice que ganó, pero sí es la primera vez que hubo una estrategia coordinada para obtener los registros y probar que tenían la mayor cantidad de votos.

Vayamos a los delitos perpetrados en Venezuela, que abarcan crímenes de lesa humanidad y violación de los derechos humanos, corrupción, narcotráfico y lavado de dinero.

Cuando ves el mapa del poder y los estándares internacionales que se aplican, hay gente que está implicada en crímenes contra la humanidad: esos delitos son imprescriptibles y la amenaza de sanción penal a quienes son responsables de esos delitos los va a perseguir donde quiera que vayan y no hay cómo ofrecer una garantía de impunidad según el derecho internacional. Entonces, ese grupo que es pequeño, porque el estándar jurídico para llegar a aprobar eso es muy alto, la mejor alternativa que tiene es pedir refugio en algún país no democrático que no se rija por el derecho internacional. Pero en Venezuela hay mucha más gente que robó que gente que cometió crímenes contra la humanidad. Eso ofrece una oportunidad porque legalmente, aunque a muchos de nosotros nos dé dolor de estómago, se pueden ofrecer beneficios que son legales y sostenibles en el tiempo: de reducción de las penas, incluso de cierre de investigaciones penales en esos casos a cambio de medidas concretas para una transición democrática. Y en el caso de las violaciones de derechos humanos, si vos salís de los casos más graves de crímenes contra la humanidad, el derecho internacional sí te permite ofrecer ciertos beneficios. Entonces, yo lo que creo es que la única manera de salir de esto es, por un lado, elevando fuertemente la presión internacional, elevando el costo de lo que están haciendo y, por otro lado, ofreciendo un puente de salida a los que no están implicados en crímenes contra la humanidad y no están en una lista negra. Tienen que entender que, si ellos adoptan ciertas medidas, y me refiero dentro del poder electoral, el poder judicial, las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, no van a estar en esa lista negra y pueden ver un futuro mejor para ellos en una transición democrática que aferrándose al poder y siguiendo ciegamente las órdenes de los que están en esa situación que no tiene salida.

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