La mandataria Dina Boluarte expresó que “dará todas las facilidades” al Ministerio Público, que dispuso este viernes realizar diligencias previas sobre las denuncias presentadas contra la jefa de Estado, el exministro de Defensa Alberto Otárola, ahora premier, y César Cervantes, extitular del Interior, por las muertes ocurridas durante las manifestaciones que sacudieron el país en diciembre pasado.
“La presidenta Boluarte saluda la decisión de la Fiscalía de iniciar diligencias previas respecto a los hechos ocurridos durante las manifestaciones de diciembre de 2022. Además, dará todas las facilidades que correspondan para el pronto esclarecimiento de los hechos, tal como lo ha solicitado en reiteradas oportunidades”, escribió su despacho en Twitter.
Según un documento obtenido por La República, las diligencias que dispuso la fiscal Patricia Benavides son las siguientes:
♦ Que tanto la Comandancia General de la PNP, de las FF. AA. y del Ejército remitan copias certificadas de todas las comunicaciones con la presidenta y el Consejo de Ministros relacionadas con el control estatal en Ayacucho, la región donde se concentra la mayoría de víctimas mortales, así como el plan de operaciones para contrarrestar las manifestaciones.
♦ Que la Presidencia del Consejo de Ministros remita copias de la aprobación de declaratoria de Estado de Emergencia y de las medidas para controlar disturbios.
♦ Que la Segunda Fiscalía Penal Supranacional Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y en Delitos de Terrorismo de Ayacucho y Apurímac remitan copias de los informes periciales de balística forense y certificados de necropsia practicados a los fallecidos.
Una vez terminadas, la Fiscalía puede ordenar el archivo de las denuncias o su formalización para continuar con la investigación preparatoria, en caso de que encuentre indicios reveladores de la existencia de un delito.
Las manifestaciones ciudadanas, que reclamaban la renuncia de la presidenta, un adelanto de elecciones, una nueva constitución y la liberación de Castillo, se produjeron en varias regiones del país y fueron reprimidas por la Policía con apoyo de las Fuerzas Armadas, en virtud de un decreto de emergencia aprobado por el Gobierno.
Esta semana, la congresista progresista Ruth Luque presentó en el Parlamento una denuncia constitucional contra la jefa de Estado, Otárola y otros funcionarios y exfuncionarios del Gobierno, a quienes acusa de ser los supuestos autores mediatos por la presunta comisión de los delitos de homicidios calificados y lesiones graves, además de infracciones constitucionales.
Fuente: Infobae