La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha llegado a la conclusión de que «autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos progubernamentales han cometido crímenes contra la humanidad en Venezuela al menos desde abril de 2017».
Así lo recoge el informe definitivo que Fatou Bensouda, fiscal de la CPI hasta el pasado junio, dejó a su sucesor acerca del ‘examen preliminar’ que puso en marcha en febrero de 2018 ante las denuncias recibidas de abusos por parte de las fuerzas de seguridad del régimen chavista en protestas callejeras y en las cárceles. En ellas se alertaba de un uso excesivo de la fuerza para «dispersar y reprimir manifestantes» y los «graves abusos» sobre los detenidos
que expresaban su rechazo al gobierno de Nicolás Maduro.
En el documento con las observaciones de Bensouda, al que ha tenido acceso ABC, se cita entre los crímenes contra la humanidad que se habrían cometido en Venezuela «el encarcelamiento u otra severa privación de libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho internacional de acuerdo con el artículo 7(1)(e); tortura de acuerdo con el artículo 7(1)(f); violación y/o otras formas de violencia sexual de gravedad comparable de acuerdo con el artículo 7(1)(g); y persecución contra cualquier grupo o colectividad identificable por motivos políticos de acuerdo con el artículo 7(1)(h) del Estatuto de Roma».
La Fiscalía denuncia la «inacción» del régimen
La fiscal concluye que «los potenciales casos que resultarían de una investigación de estos supuestos crímenes serían admisibles» para un proceso de acuerdo con el artículo 17(1)(a)-(d) del Estatuto. En este sentido, Fatou Bensouda señala que la investigación de la CPI vendría dada por la «inacción» del Estado venezolano ante los hechos denunciados. En este sentido, apunta «el limitado número de procedimientos locales significativos relacionados con los potenciales casos identificados por la Fiscalía; su enormemente limitado alcance relativo a sus hallazgos, y la falta de pasos concretos y continuos en aquellos casos para establecer la responsabilidad penal de las personas sospechosas».
Tras conocerse las conclusiones de la fiscal saliente, le corresponde al nuevo fiscal, el británico Karim Khan, decidir sobre la admisibilidad de las denuncias y la apertura de una investigación formal, que es la fase siguiente al examen preliminar en un proceso de la Corte Penal Internacional.
Para ponerla en marcha no hace falta el visto bueno de los jueces de la CPI, sino que se abre directamente, ya que hubo seis países que en 2018 remitieron el caso a la Corte, en concreto Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá.
Los autores de la represión
Las observaciones realizadas por Fatou Bensouda ponen en especial el foco sobre el tratamiento a las personas detenidas, aspecto sobre el que considera que hay «información suficientemente detallada y fiable».
En concreto, afirma que «la información disponible proporciona bases razonables para creer que los miembros de las fuerzas de seguridad supuestamente responsables de la comisión física de estos supuestos crímenes incluyen» a estos cuerpos: la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorción y Secuestro (CONAS) y otras diversas unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)».
Además, asegura que, de acuerdo con la información disponible, «individuos progubernamentales también participaron en la represión de opositores reales o percibidos del Gobierno de Venezuela, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento».
Admisibilidad del caso
La fiscal Bensouda insiste en que los potenciales casos que resultarían de una investigación de estos supuestos crímenes serían admisibles de acuerdo con el artículo 17 del Estatuto de Roma, que básicamente establece que procede abrir tal investigación en casos en que el Estado en cuestión no tenga voluntad o capacidad para llevar a cabo su propia investigación.
Para la abogada de derechos humanos Tamara Suju, directora del Instituto Casla y denunciante de los abusos del régimen chavista ante la CPI, con el informe de la fiscal Bensouda «ha quedado evidenciado que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad y que los altos responsables no han sido investigados ni juzgados, sino que continúan en los cargos, o incluso los han ascendido, y cometiendo crimenes de lesa humanidad».
En este sentido, asegura a ABC que «las detenciones arbitrarias y las torturas continúan, y la dictadura venezolana no tiene intención de retroceder en estos crímenes». Según apunta, «no han podido engañar a la Corte con los papeles en los que decían que estaban actuando en los casos» y que «no quieren investigar porque el propio fiscal es parte de esos crímenes».
Alejandro Ramírez Saavedra
CEO
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