El presidente Donald Trump y sus colaboradores han tildado a los migrantes de “violadores”, “salvajes”, “monstruos” y de ser “lo peor de lo peor”. Cuando múltiples medios noticiosos cuestionaron esas calificaciones con reportes que señalaban que muchos de los deportados carecían de antecedentes penales, el gobierno insistió en que había basado su evaluación de los deportados en un meticuloso escrutinio que incluía el examen de crímenes cometidos tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Pero los propios registros del gobierno, obtenidos por ProPublica, The Texas Tribune y un equipo de periodistas de Venezuela, demuestran que sólo 32 de ellos han sido condenados por crímenes en Estados Unidos, en su mayoría no violentos, como hurtos en tiendas o infracciones de tránsito.
La información oficial indica que el gobierno sabía que apenas seis de los migrantes habían recibido condenas por crímenes violentos: cuatro por agresión, uno por secuestro y otro por posesión de armas. Y que era consciente de que la mitad, o 130, de los deportados no tenían registros criminales o cargos pendientes en EE.UU. Solo figuran en sus propios archivos como infractores de las leyes de migración.
En cuanto a crímenes en el exterior, nuestra revisión de los registros de la policía y la justicia en Estados Unidos y los países latinoamericanos en que los deportados residieron previamente halló evidencia de arrestos o condenas en solo 20 de los 238 casos. De ellos, 11 se relacionaban con crímenes violentos como robo a mano armada, asalto o asesinato, incluído el caso de un hombre que el gobierno chileno pidió extraditar de Estados Unidos para juzgarlo por acusaciones de secuestro y drogas. Otros cuatro habían sido acusados de posesión ilegal de armas de fuego.
También investigamos cada uno de los casos de los deportados venezolanos. Es posible que haya crímenes u otros datos sobre su pasado que no encontramos en nuestra investigación o en la información oficial, que incluye sólo detalles mínimos sobre nueve de ellos. No hay una base de datos única, dedicada a los crímenes cometidos en Estados Unidos –mucho menos en el exterior– que esté disponible públicamente. Pero todo lo que sí encontramos contradice las afirmaciones del gobierno norteamericano.