El crimen organizado se está expandiendo a nuevos países e industrias en América Latina y el Caribe, más allá de los centros tradicionales como Colombia, Brasil o México. Estos grupos son parte de vastas redes internacionales involucradas en actividades como narcotráfico, tráfico de migrantes, minería ilegal y deforestación. Doce países de América Latina y el Caribe se encuentran entre los 50 primeros a nivel mundial en el puntaje de criminalidad de GI-TOC en 2023.
Las fuentes identifican cuatro características centrales del crimen organizado en América Latina y el Caribe:
- Control territorial: los grupos criminales controlan vastas áreas geográficas, imponiendo su dominio a través de la coerción y la violencia para monopolizar mercados.
- Coerción y extorsión: la extorsión es una práctica común para obtener ingresos.
- Captura del Estado: buscan influir o controlar instituciones gubernamentales.
- Gobernanza criminal: en los territorios bajo su control, dictan reglas, proveen servicios (como seguridad y justicia) y limitan las libertades individuales, actuando como un gobierno paralelo.
El crimen organizado y la violencia actúan como una barrera significativa para el desarrollo en América Latina y el Caribe. Deterioran la calidad de vida, aumentan la incertidumbre para la inversión necesaria para el crecimiento, debilitan la capacidad del Estado para proveer servicios y contribuyen a la baja productividad y el alto nivel de desigualdad. El problema se agrava por la debilidad institucional en áreas clave como cárceles, policía y sistemas de justicia. Se nutre de la falta de oportunidades, especialmente para los jóvenes, quienes pueden ser reclutados por grupos criminales debido a la escasez de empleos de calidad en el mercado formal.
