El régimen de Nicolás Maduro anunció el viernes la excarcelación de 79 personas como parte de su disposición a la reconciliación del país. El procedimiento seguido, sin embargo, llena de bruma las intenciones. Solo 40 de los casos corresponden a presos políticos de una lista conformada por los nombres de 237 civiles y 79 militares. De ellos, solo dos han obtenido libertad plena: Dylan Canache, un adolescente de 16 años de edad que fue recluido en el Helicoide desde enero bajo la acusación de “instigación a protestar”. El otro, Juan Pedro Lares, fue detenido en su casa en julio de 2017 a pesar de que nunca se le abrió expediente ni juicio, por lo que estuvo prácticamente en situación de secuestro, según datos de la ONG Foro Penal, que ha asistido al 70% de los detenidos desde 2014. Así lo reseña elpais.com
Por Florantonia Singer
El resto de los excarcelados tiene libertades restringidas que los obliga a presentarse cada 30 días en los tribunales, algunos con procesos iniciados en juzgados fuera de su lugar de residencia. Todos tienen prohibido salir del país y hablar con los medios de comunicación.
“No son liberaciones porque todos tienen restricciones y pueden volver a ser encarcelados porque los procesos siguen abiertos. Del grupo excarcelado, cinco tenían boletas de salida desde hace meses sin que se ejecutarán y todavía quedan siete en esa situación. En casos como el del diputado Renzo Prieto y de Gabriel Vallés, que llevaban cuatro años sin proceso judicial y sin saber de qué se les acusa, tenían que salir a los dos años pues nunca fueron procesados”, explica el defensor Alfredo Romero.
El abogado cree que una ley de amnistía o el decreto de indultos presidenciales serían las vías correctas para otorgar libertades plenas si el Gobierno quisiera promover la reconciliación del país. “El Gobierno simplemente ha tomado una decisión política para influir en los tribunales para dictar medidas. Incluso, a los excarcelados en diciembre se les exigió la presentación periódica ante la Asamblea Nacional Constituyente y no ante los tribunales, algo totalmente irregular”.
Para Romero, estas nuevas excarcelaciones ponen en evidencia el efecto “puerta giratoria”. Salen unos y entran otros. Desde 2014, cuando se agudizó el conflicto político en Venezuela, han ingresado a prisión 12.341 personas por motivos políticos. Más de la mitad (7.285) permanece con restricciones y medidas cautelares de presentación ante tribunales.
“Manejamos una cifra conservadora de los casos que hemos podido corroborar y que se reportan a la Organización de Estados Americanos (OEA). Pero la persecución no para”, señala el abogado.
En cinco años, el Gobierno de Maduro ha mantenido en promedio a un centenar de presos políticos al mes bajo un patrón de persecución sistemática de opositores. El cálculo se sustenta en la investigación presentada la semana pasada por los expertos designados por la OEA para denunciar a Maduro por delitos de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. El número ha alcanzado picos sobre los 600. Al cierre de 2017 se mantuvo sobre los 200 y en 2018 subió a 300 encarcelados.
La persecución se ha exacerbado y en solo seis meses se han producido 389 arrestos. En 190 casos las víctimas siguen tras las rejas. Tan solo en mayo las fuerzas del régimen de Maduro se llevaron a 148 personas.
En cuatro años, Alfredo Romero ha hecho una categorización de los presos políticos venezolanos y los tres motivos de reclusión. “La primera es la exclusión política, como el caso de líderes como Leopoldo López. La segunda es por intimidación: metes preso a cinco estudiantes e intimidad a mil. La tercera es por propaganda política, pues los convierten en responsables de los problemas que no puedes resolver, como se ha hecho con empresarios o banqueros acusándolos de la guerra económica”. La excarcelación de algunos también ha servido al Gobierno de moneda de cambio en álgidos momentos de las crisis política, social y económica que hunde al país sudamericano.
VÍA LA PATILLA.