Venezuela, por su parte, ha tachado de ‘grotesca farsa mediática’ el informe elaborado por el grupo de expertos.

 

Un grupo de expertos designado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha opinado que existe un «fundamento razonable» para considerar que el Gobierno de Venezuela ha cometido crímenes de lesa humanidad, y por tanto, puede ser denunciado ante la Corte Penal Internacional (CPI).

En su informe, presentado ayer en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, el panel de expertos concluye que los crímenes de lesa humanidad se cometieron con «una intención política» para ejercer el «control social» sobre una parte de la población.

«Este panel estima que existe un fundamento razonable que permite afirmar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad», ha afirmado Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que forma parte del grupo de expertos.

Los expertos consideran que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, las Fuerzas Armadas y algunos miembros de su Gobierno son «los autores intelectuales de la represión, o guerra en contra del enemigo interno».

«Son los responsables de todos los actos sistemáticos generalizados de represión y persecución, como las detenciones masivas, las desapariciones forzadas, los asesinatos, las torturas, las violaciones y los otros actos de violencia sexual y persecución cometidos por sus subalternos a través de toda la cadena de mando civil y militar», dice el informe.

‘Farsa mediática’

Venezuela, por su parte, ha tachado de «grotesca farsa mediática» el informe elaborado por el grupo de expertos.

En un comunicado, la misión de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA) expresado «su profundo y categórico rechazo» al documento, y ha considerado que es «resultado de un procedimiento ilegal, violatorio de toda norma y principio» del derecho internacional y de las reglas del organismo.

«Dicho documento carece de valor jurídico pues emana de una autoridad usurpada. El secretario general se arroga una atribución que ni la propia OEA tiene como es la de ser una instancia judicial. En tal sentido, no es más que una grotesca farsa mediática», afirma.

 

VÍA EITB

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