Transcurrieron las primeras 72 horas de 2018 y el panorama en el país no es distinto al del año pasado. El cacerolazo del 31 de diciembre a las 12 de la noche dio la bienvenida al nuevo año que, para activistas de derechos humanos, se perfila como un período de alta conflictividad social debido a la escasez de alimentos y de medicinas, al colapso de los servicios básicos y la hiperinflación que afecta a las familias.
Habitantes de Lara, Mérida y Miranda salieron ayer a las calles para demandar al gobierno la venta de gas doméstico, así como el cumplimiento de las promesas electorales como la entrega de cajas CLAP y combos navideños que tampoco llegaron a Monagas, donde hubo intentos de saqueo el miércoles en la noche.
Manuel Vírgüez, director de la Asociación Civil Movimiento Vinotinto, indicó que en diciembre en 11 estados del país hubo protestas de índole social protagonizadas por sectores “C”, “D” y “E” de la población y que en su mayoría han terminado en situaciones violentas.
Agregó que en el último trimestre de 2017 contabilizaron 110 conatos de saqueo en todo el ámbito nacional. Donde hubo más conflictividad fue en la región oriental (Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Nueva Esparta y Sucre), donde el acceso a los servicios básicos ha ido en detrimento.
“Hay una situación general en el país en la que el día a día de los ciudadanos se ha convertido en un acto de sobrevivencia que lleva a muchos al descontento y eso se va transformando en protestas”, explicó Marino Alvarado, activista de derechos humanos.
Indicó que en las pocas manifestaciones de enero ha habido dos intentos de saqueo. Advirtió que ese tipo de situaciones termina afectando a la misma población, ya que se incrementa la escasez, la violencia y la represión. Vírgüez y Alvarado coincidieron en que esta última ha sido la única respuesta que ha dado el Estado a los reclamos sociales. Muestra de ello, la joven embarazada que fue asesinada en Antímano en una protesta en la que exigían los perniles navideños que ofreció el gobierno; las 213 detenciones que registró el Movimiento Vinotinto el último mes y la denuncia del diputado Daniel Antequera, de la amenaza que hizo ayer la gobernadora de Lara, Carmen Meléndez, de darle “peinillazos” a manifestantes que exigían las cajas CLAP en el barrio El Tostao en Barquisimeto.
Alvarado indicó que hay un riesgo de que las manifestaciones populares se desvíen a saqueos ante la represión y violencia del gobierno. “Hay un riesgo latente que hay que evitar; el gobierno debe atender los reclamos sociales”, expresó.
Salomón Álvarez, dirigente del Gran Polo Patriótico, aseguró que la mayoría de las personas que han encabezado las protestas, por comida y por falta de los servicios elementales, provienen del chavismo. Vírgüez precisó que 30% de las manifestaciones fueron fomentadas por beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y de zonas donde históricamente el oficialismo ha salido favorecido en elecciones.
“Ese pueblo chavista abrió los ojos y se ha rebelado contra un gobierno encabezado por las cúpulas del PSUV. Ellos destacan por una gestión criminal y represora”, expresó Álvarez en una nota de prensa.
Representantes de las ONG aseguran que las protestas no cesarán mientras el gobierno responda con control de la economía y la represión a los habitantes. Vírgüez señaló que el gobierno de Nicolás Maduro ha aplicado medidas que han empeorado la conflictividad. “Simplemente lo que hacen es seguir lesionando el tejido social del país”, indicó.
Alvarado exhortó a la dirigencia política a realizar un esfuerzo unitario por mantener con esperanza a la población. Explicó que antes de eso “deben ser autocríticos y reconocer errores”.