Varios miembros del Tribunal Supremo de Venezuela “en el exilio” anunciarán el próximo lunes en Miami una sentencia por delitos de “lesa humanidad y genocidio” contra “máximas autoridades” venezolanas, un fallo que luego remitirán a una instancia judicial internacional.

Aunque Gabriela Perozo, portavoz de este autodenominado “Supremo legítimo”, no desveló a Efe el contenido del fallo ni contra qué cargos del Gobierno recae la sentencia. Se trata, dijo, de una “denuncia concreta para que actúe la justicia internacional”.

“No es simbólica (la sentencia), va contra individuos del Gobierno venezolano, y, tras su publicación en la rueda de prensa, la van a remitir a una instancia judicial internacional”, precisó Perozo, sin detallar a cuál se enviará.

En la conferencia estarán presentes los magistrados Miguel Ángel Martín, presidente del Supremo y radicado en Washington; Arturo Marval, vicepresidente del Supremo; Pedro Troconis, presidente de la Sala de Casación Penal; Rommel Gil, miembro de la Sala de Casación Penal, y Cruz Graterol, vicepresidente de la citada instancia.

Está previsto que otros dos magistrados venezolanos exiliados, Milton Ladera, desde Panamá, y Beatriz Ruiz Marín, desde Chile, participen a través de Skype en la conferencia.

El objetivo de los magistrados con la publicación de la sentencia y su posterior remisión a un tribunal internacional es lograr “que se haga la justicia que no se puede hacer en el país” y, “con denuncias concretas”, que “actúe la justicia internacional” por los crímenes perpetrados contra los venezolanos por parte del Gobierno.

En octubre pasado, los magistrados nombrados por el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, se configuraron como Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el Salón de las Américas de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Se autodenominan “Supremo legítimo” al considerar que el Tribunal oficial que funciona en Caracas fue nombrado “sin que se cumplieran los requisitos constitucionales” por la mayoría parlamentaria chavista justo antes de que la Asamblea Nacional (AN) pasara a manos de la oposición en enero de 2016.

El 25 de octubre pasado, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano “en el exilio” declaró en Miami la disolución de la Asamblea Constituyente (ANC) “de facto”.

Los magistrados de la sala, equivalente a un tribunal constitucional, consideraron en su fallo, que la ANC ha pretendido funcionar sin la decisión expresa del pueblo venezolano de convocarlo como lo exige el artículo 347 de la Constitución.

Vía Informe21.com

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