VENEZUELA

Maduro, y no el pueblo, es el dueño de la supuesta Asamblea Nacional Constituyente

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El Decreto N° 2.830, del 1 de mayo del 2017, publicado en Gaceta Oficial N° 6.295 Extraordinario de la misma fecha, se refiere a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, efectuada por el Presidente de la República.

En consonancia con ello, el Decreto N° 2.831, también del 1 de mayo de 2017 y publicado en dicha Gaceta Oficial, crea una Comisión Presidencial encargada de elaborar una propuesta sobre las bases comiciales y de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, que debe ser presentada al Presidente de la República. A continuación se analizarán dos aspectos de estos decretos y de la convocatoria a la que estos aluden que resultan contrarios a la Constitución y a los principios democráticos.

En primer lugar, se observa que, según estos decretos y las declaraciones posteriores del Presidente de la República y de integrantes de la mencionada Comisión Presidencial, no se precisaría de un referendo para que el pueblo se pronuncie sobre la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y sobre el contenido de las bases comiciales o bases de elección y funcionamiento de esta Asamblea. En segundo término, aquellos establecen que la ANC tendría una composición corporativa, orgánica o sectorial, además de territorial.

Finalmente se examinará si el órgano convocado por el Presidente de la República puede calificarse como una ANC.

Por: Jesús M. Casal

El Decreto N° 2.830 se refiere también a los ámbitos
“territoriales”, lo cual, al concordarlo con la mención quehace de “la unidad política primaria de la organizaciónterritorial” como base para la conformación de la ANC, indica
que las circunscripciones electorales no sectoriales seránmunicipales o infra-municipales, lo cual atenta contra elcarácter federal del Estado que el propio decreto invoca.Las circunscripciones electorales deberían ser principalmenteestadales, en atención a carácter federal de nuestro Estado(art. 4 de la Constitución), sin perjuicio de la importancia deprever fórmulas que garanticen la representaciónproporcional de las organizaciones políticas concurrentes (art.63 de la Constitución), siendo este un principio fundamentalde nuestra evolución democrática desde 1946.
3.- ¿Una ANC?
Cabe preguntarse si lo que el Presidente de la Repúblicapretende convocar es una ANC. Existen varias razones pararesponder negativamente. La primera es que esta ANCnacería con un acotamiento temático extraño a la naturalezade un cuerpo electo en ejercicio del poder constituyenteoriginario. En el Decreto N° 2.830 el Presidente de la
República propone los “objetivos programáticos” de la ANC,
los cuales propenden a restringir la esfera material dentro dela cual esta puede moverse. Ello resulta contrario al conceptode poder constituyente originario, ya que una verdadera ANCes libre al decidir las materias que ha de tratar con motivo del cambio constitucional, sin perjuicio de los límites últimos detodo poder constituyente. Además, algunos de los asuntosque el Presidente de la República señala como objetivosprogramáticos de la ANC son ajenos completamente a unproceso constituyente y a una Constitución, mientras queotros ya están tratados suficientemente en ella o son lesivosde principios democráticos y de nuestra tradición republicana(art. 350 de la Constitución). En tal sentido, el logro de unaeconomía productiva se refiere al diseño y ejecución depolíticas públicas; la preservación de la vida en el planetaestá comprendida ya en la Constitución por un conjunto dederechos ambientales, pendientes de una actuación públicacónsona con ellos; y la ampliación de competencias o poderesdel Estado en materia de seguridad ciudadana y de garantíade la soberanía, en el actual contexto de represión ypersecución política, resulta riesgosa para las libertadespúblicas. La alusión por otro lado a organizaciones delllamado Poder Popular parece ir orientada no a incorporarlasdentro del diseño constitucional de manera compatible conlos principios democráticos y el sistema federal, sino amenoscabar estos bajo la concepción y las prácticasideológicamente excluyentes y ejecutivistas que hanprevalecido en estos años.En segundo lugar, el Presidente de la República ha sostenidoque no se pretende introducir grandes modificaciones en la
Constitución, es decir, no se busca “redactar una nuevaConstitución” (art. 347 de la Constitución), lo cual
, ademásde reforzar la idea de que Maduro y no el pueblo es el dueño
  de la supuesta ANC, contrasta con la finalidad principal quees propia de dicha instancia: elaborar una nuevaConstitución.En el fondo lo que ocurre es que se acude fraudulentamenteel poder constituyente, desfigurándolo, para lograr objetivosdistintos a los del cambio constitucional. Lo que se persiguees la postergación de cualquier proceso electoral y,
probablemente, la inclusión en la Constitución “ajustada” de
nuevas reglas electorales que reediten los criterios sectoriales y territoriales de la ANC y permitan prolongar la ocupación delas instancias de poder por quienes han perdido el respaldomayoritario del electorado. Tal vez estos mismos criteriossectoriales serán empleados en una eventual e ilegítimaconsulta popular ratificatoria de la Constitución, parasoslayar la celebración de un referendo aprobatorio, con locual se cerraría el círculo de un proceso adelantado merced ala usurpación y, a fin de cuentas, la negación del poderconstituyente del pueblo.
4.- Conclusión
En síntesis, es el pueblo el que puede decidir si convoca o nouna ANC y el que debe aprobar los términos de su integración(elección de sus miembros y número de estos), periodo defuncionamiento, eventuales límites supraconstitucionales,entre otros aspectos.Además, debe rechazarse una conformación corporativa,orgánica o sectorial de una parte de la ANC, y el carácter federal del Estado, al igual que el principio de representaciónproporcional, habrían de reflejarse en el sistema electoralaplicable.
Jesús M. Casal

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